M. Benchicou y Argelia: una radiografía muy aproximada

Muchas hipótesis, pocas pruebas…

Mohamed Benchicou: una radiografía muy aproximada

Es difícil trabajar sobre Argelia sin conocer a Mohamed Benchicou, uno de los periodistas más conocidos de este país. A lo largo de su carrera, ha escrito numerosos libros y artículos donde ha destacado las particularidades – así como los abusos – de la clase política argelina. Destaca, en particular, su famoso libro, “Bouteflika, une imposture algérienne” (Bouteflika, una farsa argelina), publicado en 2004, donde exponía lo que fue, desde su punto de vista, el fracaso de las políticas adoptadas por el jefe de estado argelino desde etapas tempranas de su mandato.

Una situación alarmante

Benchicou publica ahora un nuevo libro: “Le mystère Bouteflika – radioscopie d’un chef d’état” (El misterio Bouteflika – Radioscopia de un jefe de estado). Como se desprende del título, el periodista se centra nuevamente en el presidente argelino. De hecho, al leer la palabra “radioscopia”, no podemos evitar pensar en un paralelismo, que quizás establece el autor, entre su trabajo de análisis del poder argelino y lo que se refiere al estado de salud del presidente Bouteflika. Mientras en 2004, Benchicou presentaba a un presidente activo, que estaba ejerciendo su cargo de manera “normal”, llama la atención el hecho de que, en la actualidad, el jefe de estado de Argelia esté ejerciendo el poder sentado en una silla de rueda… y con las capacidades intelectuales supuestamente muy mermadas.

En su último libro, Benchicou describe la situación argelina actual en términos bastante alarmantes. En realidad, no se puede decir que su libro añade nada nuevo a lo que ya sabemos sobre Argelia: la corrupción, el nepotismo, el clientelismo, una situación económica desastrosa, la compra por parte del régimen de la “paz social”; todos ellos son temas muy conocidos que han sido objeto de varios libros, informes y artículos. No obstante, parece que, al insistir sobre la situación desastrosa por la que atraviesa Argelia, Benchicou nos quiere hacer llegar un mensaje: a lo largo de los años, la situación en Argelia no ha hecho nada más que empeorar, incluso – o, más bien dicho, especialmente – bajo la presidencia de Abdelaziz Bouteflika. De aquí que el libro se organiza en tres partes principales: la primera, “la omertá”, referencia a aquellos tiempos lejanos cuando Bouteflika se estaba organizando para, un día, acceder al poder; la segunda, “la obsesión”, donde el autor trata, en concreto, de la obsesión de Bouteflika por aferrarse al poder; y, por último, “el botín”, que da algunas pinceladas sobre uno de los hombres de confianza de Bouteflika, así como sobre la empresa petrolera Sonatrach, verdadera vaca lechera para el poder. Benchicou llega hasta el extremo de comparar Argelia con Venezuela, aunque de manera poco convincente.

Un análisis aproximado

Si bien no se puede negar el conocimiento íntimo que Benchicou tiene de la escena política argelina, el lector puede preguntarse hasta que punto el autor estará describiendo hechos irrefutables. Por ejemplo, Benchicou considera que el presidente Bouteflika sigue tomando las decisiones principales, mientras que las pocas fotos que se han publicado del jefe de estado nos descubren un hombre disminuido, con aparente poca capacidad para decidir sobre el presente y el futuro del país. Del mismo modo, mientras Benchicou describe un país donde el clientelismo y la corrupción están provocando frustraciones adicionales a parte de la población, sin embargo, no explora el laberinto de la arquitectura institucional argelina de una manera detallada y útil para quien quiere entender mejor la naturaleza real del poder y quienes son los que están efectivamente al mando.

Estas particularidades no restan pertinencia al libro de Benchicou, ni lo nuevo que se puede aprender – o recordar – al leerlo. Al terminar el libro, el lector se quedará con unas hipótesis bastante interesantes: por ejemplo, el hecho de que el poder argelino – y el presidente Bouteflika, en particular – parecen ser muy sensibles a las presiones internacionales. En concreto, según Benchicou, los deseos y las expectativas de ciertos países– Francia, Estados Unidos –acaban siendo la brújula que guía las decisiones políticas argelinas. Un hecho que ciertamente es discutible.

Por lo tanto, nos podemos preguntar hasta que punto Benchicou nos transmite aquí una “radioscopia” exacta y fiel de la situación en Argelia. Una gran parte del libro parece dedicada a la crítica del presidente argelino a partir de hechos que, supuestamente, han ocurrido hace más de tres décadas, cuando Bouteflika todavía no era un elemento principal del poder argelino.

Bouteflika: ¿patriota u oportunista?

Entonces, ¿qué opinar de Abdelaziz Bouteflika? ¿Es un patriota o un oportunista? Mohamed Benchicou nos dice que, si el presidente sigue ejerciendo el poder a pesar de su débil salud, es porque ha dedicado toda su vida a desarrollar planes diabólicos, y que sólo dejará el cargo cuando se vaya de esta tierra. Sin excluir esta opción, también nos podemos preguntar si el hecho de que Bouteflika siga en el poder no depende de otras personas, o de otras instituciones, que prefieren quedarse con un presidente débil mientras se aprovechan de un sistema que les beneficia política y económicamente. Los casos de Said Bouteflika, hermano del presidente argelino, o de Said Haddad, poderoso presidente del Foro de los Jefes de Empresa, son examinados de manera bastante superficial por Benchicou, a pesar de las aportaciones de estas dos personas a la organización del poder argelino, así como a la definición de sus políticas.

Si hubiera sido escrito con menos resentimiento, con más distancia, y utilizando menos palabras insultantes para el presidente y el sistema argelinos, seguramente que el libro de Benchicou hubiera ganado más en calidad y, probablemente también, en credibilidad. El periodista es conocido como una persona sincera, que desea lo mejor para su país; y en eso no cabe ninguna duda. Pero también Benchicou ha sido engañado varias veces a lo largo de su vida por fuentes, supuestamente bien informadas, que le acabaron alimentando con informaciones falsas. La parte fáctica de este libro parece bastante fiable y documentada; pero las muchas cosas que Benchicou dice sobre la personalidad de Abdelaziz Bouteflika carecen de pruebas o de referencias irrefutables.

Mientras se pueden aprender cosas de este libro, tampoco se trata de una referencia imprescindible para la comprensión de las lógicas del poder argelino. “Bouteflika, una farsa argelina” sobrevivirá más a través la reputación de su autor que por su contenido.

Said Djabelkhir : “Il y a une prédominance du salafisme wahhabite en Algérie”

Said Djabelkhir, islamologue et spécialiste du soufisme : « Il y a une prédominance du salafisme wahhabite en Algérie »

 

L’Algérie, qui a vécu une meurtrière décennie noire de terrorisme islamiste dans les années 1990, demeure confrontée à un intégrisme alimenté par l’expansion du salafisme wahhabite. Dans cet entretien accordé à Stractegia, l’islamologue Saïd Djabelkhir revient sur cette problématique. Il explique la part de responsabilité du pouvoir algérien dans la propagation des idées extrémistes au sein de la société algérienne, chez laquelle la religion est devenue un enjeu central dans la formation de l’identité de l’Algérien.

 

Stractegia – Vous venez de lancer le « Cercle des Lumières pour la Pensée libre », un groupe de réflexion ouvert à tous les Algériens, mais qui veut rester à l’écart de toute querelle d’ordre politique ou religieux. Qu’est-ce qui a motivé la création de ce cercle ?

Saïd Djabelkhir – Le « Cercle des lumières pour la pensée libre » a été lancé en 2014 par mon ami Mehdi Bsikri et moi-même, afin d’ouvrir un espace pour le débat, le dialogue, l’échange libre des idées, le respect et l’acceptation de l’autre et de la différence, ainsi que pour encourager le vivre ensemble. Le Cercle a été lancé à un moment où la régression de la rationalité et de l’esprit critique étaient devenus monnaie courante dans notre société. Ce phénomène a fait que les Algériens commençaient à étouffer, confrontés qu’ils étaient à une atmosphère de takfirisme qui se caractérise par son exclusion, voire son excommunication de « l’autre », un « autre » qui s’avère être musulman à part entière mais qui a le malheur de ne pas penser comme la majorité. C’est la raison pour laquelle nous pensons à l’institution du Cercle des lumières. Cette initiative est basée sur l’idée qu’il faut accepter tous les Algériens, avec toutes leurs idées, croyances et confessions, sans exception aucune ; qu’il faut s’accepter et s’écouter les uns les autres, et entamer un dialogue constructif pour le bien de tous et surtout pour le bénéfice l’Algérie de demain.

Stractegia – Depuis quelques mois, vos interventions dans les médias algériens et vos réflexions sur les réseaux sociaux au sujet de l’islam ont provoqué beaucoup de réactions hostiles, parfois haineuses, à votre encontre. Certains sont allés jusqu’à vous accuser de salir l’image de l’islam, voire de ne pas être musulman vous-même. D’où vient toute cette agressivité à votre égard, vous qui avez au contraire la réputation d’être un islamologue réformateur, promoteur d’une nouvelle lecture de l’Islam ?

SD – Je pense que la source principale de cette agressivité à mon égard vient du fait que la majorité de nos concitoyens ne connait l’islam que de loin, et qu’elle n’y adhère que par hérédité. Cette catégorie de la population n’exerce en effet aucune réflexion sérieuse ou questionnement critique sur les textes sacrés (Coran et Sounna), alors qu’à l’origine, la religion est un objet de réflexion et non pas de consommation. Il est déplorable que la majorité de nos concitoyens consomment le religieux au lieu de le questionner et d’y réfléchir. Dans mes conférences, et même dans mes échanges par messagerie privée sur les réseaux sociaux, on me pose souvent la question de savoir si je suis où pas musulman ; je réponds toujours que, normalement, j’ai le droit de ne pas répondre à ce genre de questions, car il s’agit là d’un domaine privé et très intime. Je n’ai pas à crier sur les toits et devant les caméras le fait que je sois ou pas croyant ou musulman. La religion est mon domaine de spécialité, dès lors, j’ai des idées à proposer. Il est vrai que les idées que j’avance sont souvent assez critiques, et parfois, même choquantes, mais il n’en demeure pas moins que mes concitoyens sont appelés à apporter la contradiction rationnelle à mes idées et non me demander de crier mes croyances intimes, qui ne concernent que moi.

Il y a une autre source à cette agressivité : il s’agit du discours médiatique dogmatique et obscurantiste, qui s’obstine et persiste à instrumentaliser le religieux à des fins mercantilistes ; je pense surtout ici à la presse arabophone ainsi qu’à certains médias de renom.

La troisième source de cette agressivité réside dans l’école, et dans les programmes scolaires, qui, malheureusement, instrumentalisent aussi le religieux et ont besoin d’être radicalement révisés en vue d’une mise à jour qui respecte les notions de citoyenneté, des droits de l’homme, des valeurs humaines universelles et du vivre ensemble.

Stractegia – Le refus du débat au sujet de l’islam est-il le résultat d’une déstructuration de la société algérienne, qui a vécu la décennie de terrorisme des années 1990 et un règne politique de presque deux décennies du président Abdelaziz Bouteflika ? Ou serait-ce le résultat d’un travail d’endoctrinement que l’on pourrait faire remonter au début des années 1970, quand Alger œuvrait à « l’importation » de prêcheurs d’autres pays arabo-musulmans, à la tête desquels l’on retrouvait le défunt imam Ghazali ?

SD – Le refus du débat au sujet de l’islam au sein de notre société est le résultat à la fois de l’ignorance du véritable contenu des sources de l’islam, des programmes scolaires, du discours médiatique ; s’ajoutent à cela les deux causes que vous avez citées dans votre question. En effet, le projet de Réconciliation nationale a réglé le volet sécuritaire de la crise des années 1990, mais il n’a pas réglés son volet politique ; de même, il a laissé de côté les notions de vérité, de justice et de mémoire. Au jour d’aujourd’hui, l’Algérie est toujours confrontée au problème de l’intégrisme. Je suis désolé de dire que, malgré les 200.000 victimes de la décennie rouge, nous n’avons toujours pas réussi à capitaliser sur cette tragédie, car tout laisse à croire que nous sommes revenus à la case départ. L’intégrisme est toujours là, la violence religieuse – prise au sens verbal – est toujours là, le projet de l’islam politique est toujours là. Alors, qu’est ce qui a vraiment changé, à part le sécuritaire ? Je me pose la question.

Stractegia – Peut-on parler aujourd’hui en Algérie d’une prédominance du salafisme comme courant de pensée et de pratique de l’islam ? Quel est le poids réel de la madkhaliya – référence au cheikh salafiste Rabie al-Madkhali – en Algérie et pourquoi une telle percée dans la société algérienne?

SD – Je pense que nous pouvons parler d’une prédominance du salafisme wahabite en Algérie. La madkhaliya n’est en fait qu’une mise à jour du wahhâbisme opérée par le cheikh Rabie Al-Madkhali. Il faut savoir que cette personne propage, et ce depuis plusieurs années, les termes d’une fatwa selon laquelle tous les musulmans seraient dans l’obligation religieuse de prêter allégeance (bayaa) au roi saoudien. C’est une fatwa consultable par tout le monde sur Internet. Nous assistons en effet à une percée du wahhâbisme en général et de la madkhaliya en particulier, et je pense que c’est là une résultante logique de la prospérité du salafisme telle qu’elle survenue à partir de 2000, c’est-à-dire après la Réconciliation nationale. Sous la protection de lois en vigueur, les salafistes ont réussi à accumuler des fortunes colossales qui expliquent les moyens qu’ils se sont donnés pour propager leur idéologie. Tout me monde sait, à titre d’exemple, qu’ils ont aujourd’hui le monopole du marché de la téléphonie mobile et de la lingerie fine, sans parler de leurs alliés saoudiens et autres, qui les financent à partir de l’étranger sous différentes couvertures. Et là je voudrais attirer l’attention sur le rôle des milliers d’agences de voyages qui organisent les voyages pour les pèlerinages du Hajj et de la Omra, et qui à mes yeux sont très loin d’être innocentes. Les salafistes se sont dotés de dizaines, si ce n’est de centaines, de maisons d’édition et revues, ainsi que de milliers de sites, blogs et pages Facebook qui font la propagande de leur idéologie. Il faut dire aussi, sans généraliser, que le salafisme/wahhâbisme/madkhalisme remplit un vide immense laissé par nos intellectuels progressistes, qui ont démissionné de la scène socioculturelle et dont certains ont tourné affairistes et opportunistes.

Stractegia – La guerre opposant un groupe de salafistes algériens à Mohamed Ali Ferkous, qui se considère le représentant légitime du courant de la madkhaliya en Algérie, a poussé le ministre algérien des Affaires religieuses et du Waqf, Mohamed Aissa, à réagir à leur encontre, sans cependant les citer nommément. Cela est-il dû à un mouvement de panique chez les autorités, ou s’agit-il seulement d’un avertissement à l’encontre de ceux dont l’activité échappe au contrôle gouvernemental de l’islam officiel ?

SD – Considérant l’immensité des intérêts qui sont en jeux dans la sphère salafiste, je pense que ce genre de conflits internes est tout à fait normal. Concernant la réaction officielle, je pense que c’est un rappel à l’ordre adressé aux salafistes et un rappel des lignes rouges que le pouvoir ne permettra pas de dépasser, ou du moins de l’espère.

Stractegia – le ministre des Affaires religieuse et du Waqf a annoncé récemment la création du Dar el-Iftaa malékite, aux fins de faire face à l’influence croissante des fatwas diffusées par une multitude de chaines satellitaires originaires de pays du Golfe. Pourquoi d’abord cette institution vise le fiqh malékite seulement, sachant qu’il y a aussi des tenants d’autres rites en Algérie ? Ensuite, cette institution obtiendra-t-elle l’impact auquel elle aspire auprès des Algériens, ou servira-t-elle plutôt en premier lieu le régime et ses tentatives d’instrumentalisation du religieux ?

SD – Avant de créer le Dar el-Iftaa malékite, je pense qu’il faudrait revoir à la base les programmes de formation des cadres religieux, et même ceux de la faculté des sciences islamiques, faculté qui se trouve être sous l’influence directe du salafisme/wahhâbisme. Il ne sert à rien de créer un Dar el -Iftaa alors que la majorité do nos mosquées sont sous l’influence d’imams salafistes. Je pense que le référent religieux officiellement annoncé en Algérie – à savoir la trilogie Malékisme, Achaarisme et Soufisme – a besoin d’être revu et largement expliqué et vulgarisé. Les Algériens aujourd’hui reçoivent de chaînes satellitaires faisant la promotion de diverses écoles religieuses musulmanes, mais ils ne connaissent rien ou presque de la trilogie officielle. Personnellement, je ne connais aucun imam qui parle de malékisme où de soufisme, et encore moins d’Achaarisme, dans ses prêches. En effet, l’Achaarisme et le soufisme sont perçus par la majorité écrasante des imams comme une innovation religieuse (une bidaa), pour ne pas dire une hérésie. Alors, avant de parler du Dar el-Iftaa malékite, il faudrait peut-être expliquer les choses au préalable aux Algériens et les convaincre de la trilogie religieuse officielle. Et là, force est de constater qu’il n y a pas qu’un seul soufisme mais plusieurs, et qu’il n y a pas qu’un seul malékisme mais plusieurs. Les islahistes (réformateurs) algériens nous parlent depuis plusieurs années de ce qu’ils appellent « le soufisme sunnite », que personnellement je ne connais pas et ne comprends pas. Quant au malékisme, il existe aujourd’hui en Algérie un malékisme salafiste wahhabite anthropomorphiste dit « moudjassim », importé d’Arabie Saoudite, qui présente l’imam Malek comme un salafi wahhabi takfiri pur et dur.

Stractegia – Plusieurs mosquées, souvent non-achevées, ou non-pourvues en imams par les autorités, sont entre les mains de salafistes. Il existe même des représentants de ce courant au sein des mosquées disposant d’un imam pourtant envoyé par le ministère des affaires religieuses. Cela est-il le résultat d’une absence préméditée des pouvoirs publics qui leur cède le terrain, comme cela est le cas dans certaines régions de Kabylie, où la situation est très tendue entre les populations de certains villages et les salafistes ?

SD – Je pense que l’Etat est en partie responsable de cette situation. L’envoi d’étudiants algériens en Arabie Saoudite pour faire des études religieuses ne date pas d’hier, c’est un projet qui a été officiellement chapeauté et qui a commencé au début des années 1980. J’ai moi-même été sollicité par un cadre du ministère des affaires religieuses pour faire partie de ces étudiants, et j’ai refusé. Je n’avais rien à payer, tout était pris en charge par les Saoudiens, même deux billets d’avion par an pour venir voir ma famille, avec une bourse d’étude et tout le reste. Cela dit, je pense aussi que le pouvoir veut créer un certain équilibre en Kabylie face à certaines revendications non acceptées par le pouvoir.

Stractegia – Peut-on considérer que l’Etat perd le contrôle de ses écoles et instituts de formation face à la progression du salafisme ?

SD – Je ne pense pas qu’il en ait totalement perdu le contrôle, mais je pense que s’il ne fait rien pour au moins revoir à la base les programmes de formation dont j’ai parlé plus haut, il en perdra vraiment le contrôle.

Stractegia – Selon vous, à quoi renvoie la notion de « référent national », dont parlent si souvent les « élites religieuses » et les autorités algériennes dans leurs réponses à la propagation du wahhabisme ?

SD – Je pense que j’ai déjà répondu à cette question. Mais j’ajouterai qu’il ne faut pas oublier qu’en Algérie, nous n’avons pas que le malékisme ; nous avons aussi le hanafisme dans certaines villes comme Médéa et Blida, tout comme nous avons l’ibadhisme. En plus, nous ne pouvons pas parler de l’Achaarisme ou du soufisme comme éléments incarnant un référent national, puisqu’ils ne sont même pas présents dans les programmes scolaires. Alors je pose la question suivante : si l’Algérien n’entend jamais parler de cette trilogie officielle à l’école, comment pourrait-il la comprendre ou l’accepter une fois devenu adulte ? De plus, il faut bien convenir de ce que, à l’école, les programmes et les professeurs ne parlent à nos élèves ni de malékisme, ni d’Achaarisme, ni de soufisme. Ils leurs parlent de salafisme, de wahhabisme et d’ikhwanisme.

Stractegia – Les zaouïas assumeraient, selon certains, un rôle plutôt politique en servant d’avant-poste pour le régime, surtout durant les échéances électorales. Si c’est vraiment le cas, à quel degré seraient-elles instrumentalisées ?

SD – Depuis la fin des années 1990, et à des fins politiques et électoralistes, nous avons assisté à la création de ce que j’appelle des « boutiques confrériques ». Il s’agit de zaouïas fabriquées de toutes pièces, qui n’ont aucune authenticité ni légitimité dans la sphère du soufisme. Personnellement, je ne suis pas pour le mélange entre le politique et le religieux, et encore moins pour l’instrumentation du soufisme dans la politique, comme cela est le cas pour le conflit entre l’Algérie et le Maroc au sujet de la Tidjania. Je pense que le soufisme se trouve très au-dessus des frontières et des querelles politiques. Il faut laisser les soufis tranquilles dans leurs zaouïas, avec leurs chapelets et leurs awrads, du moment qu’ils n’ont jamais fait de mal à personne.

Stractegia – Les zaouïas pourraient-elles constituer un rempart contre la propagation du salafisme en Algérie ?

SD – Le soufisme a toujours été l’ami et l’allié de toute l’humanité, et n’a jamais été l’ennemi de personne. Mais il est vrai qu’il peut être l’un des remparts, quoique pas le seul, face à la propagation du salafisme. Je pense que l’autre rempart pourrait bien être le retour au rationalisme et à l’esprit critique dans le cadre d’une réforme islamique. Sans oublier le retour à nos valeurs traditionnelles populaires et millénaires.

Stractegia – Quel est votre sentiment sur le futur qui attend l’Algérie sur le plan des interactions entre société et religion ?

SD – Je pense que la jeune génération algérienne tend vers une plus grande liberté dans sa façon de réfléchir et de voir les choses, surtout en ce qui concerne le domaine religieux. L’islam algérien de demain sera multicolore, de même qu’il y aura de nouvelles idées et tendances idéologiques et comportementales. L’Algérie de demain sera l’Algérie des couleurs qui resteront fidèles aux couleurs de l’Algérie.

 

Propos recueillis par Ameziane Rachid

Municipales tunisiennes : au-delà de la victoire des “indépendants” (Sadfi)

Municipales tunisiennes : au-delà de la victoire des « indépendants »

Par Nourelhoda Sadfi, journaliste, experte associée à Stractegia

 

Reportées à plusieurs reprises, les premières élections municipales organisées depuis la révolution de 2011 ont finalement eu lieu le 6 mai 2018. La Tunisie entame ainsi une ère nouvelle de son histoire : celle de la gouvernance locale, édictée par la constitution de 2014. C’est là une suite logique pour le processus démocratique entamé il y a sept ans, et un test majeur en vue des élections législatives et présidentielles prévues pour 2019. Qui plus est, ce scrutin municipal est perçu par une grande partie des observateurs de la vie politique tunisienne comme important car amené à avoir des conséquences notables sur la nature du rapport établi entre instances locales et citoyens.

 

Un oublié : le code des collectivités locales 

Il faut rappeler en premier lieu que les perspectives tunisiennes ne dépendent pas que des élections municipales tunisiennes. Certaines conditions supplémentaires nécessaires pour pouvoir parfaire le processus politique tunisien sont ainsi à prendre en compte, telle l’adoption du nouveau code des collectivités locales, en remplacement du texte vieux de quarante-deux ans qui le précédait. Ce corpus, fondateur de la gouvernance locale, maintenait en effet un contrôle important de l’État sur les perspectives citoyennes.

Le nouveau code des collectivités locales, constitué de 392 articles, n’a été adopté que le 26 avril 2018, à une dizaine de jours des élections municipales, et après des mois de travail au sein des commissions parlementaires de l’ARP. C’est cependant un texte important, car il a vocation à établir le cadre de l’autonomie de gestion et de planification des communes sur l’ensemble du territoire tunisien, une étape nécessaire pour le désenclavement des régions.
Le nouveau code des collectivités locales reconnaît ainsi aux citoyens deux prérogatives principales : la possibilité pour eux de provoquer des référendums locaux sur une question donnée, ainsi que l’aptitude à demander une réunion extraordinaire du conseil municipal aux fins de lui transmettre leurs propositions. 10% au moins des électeurs doivent être mobilisés pour pouvoir exercer ces prérogatives.

Le nouveau code des collectivités locales s’avère ainsi pleinement en phase avec les requis pour une consolidation de l’exercice par les citoyens de prérogatives et droits fondamentaux auxquels ils peuvent prétendre. Ces mêmes droits se combinent à l’importance symboliquement incarnée par les avancées qu’ils ont obtenues, sur le plan politique, via les élections municipales de 2018.

 

Un révélateur fort des tendances de l’électorat

Les élections du 6 mai 2018 ont été marquées par un taux d’abstention record de 66,3%. 1 .769.154 d’électeurs seulement se sont présentés aux urnes , un nombre qui a été considéré comme très faible par le chef du gouvernement Youssef Chahed, certains observateurs y voyant pour leur part “une claque adressée à l’ensemble de la classe politique.”

Côté résultats, ce sont les listes indépendantes candidates à ces élections municipales qui ont raflé la mise, en obtenant 32,9% des voix, se plaçant ainsi devant les partis politiques traditionnels. Après dépouillement des listes par l’Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE), les résultats se déclinent ainsi comme suit :

  • Listes indépendantes : 32.9% avec 581.930 voix, soit 2367 sièges ;
  • Ennahdha : 29.68% avec 516.419 voix et 2135 sièges ;
  • Nidaa Tounes : 22.7 % avec 375.964 voix, soit 1595 sièges ;
  • Courant démocrate : 2,85 % (75.936 voix) ;
  • Front Populaire : 3.6 % (259 sièges) ;
  • Union Civile : 1.77 % ;
  • Machrou Tounes : 1.72% ;
  • Le Parti Destourien Libre : 1.38% ;
  • Harak Tounes Al Irada : 1.33% ;
  • Mouvement Echaab : 1.39% ;
  • Afek Tounes 1.29%.

En tête de ce premier scrutin, on retrouve les partis déjà au pouvoir depuis 2014, qui engrangent à eux quelque 50% des suffrages exprimés : le parti Ennahdha obtient ainsi plus du quart des voix, avec 29,68 % des votes exprimés en sa faveur, soit 516 419 voix ; il est suivi par le parti Nidaa Tounes (22,7,%, soit 375 964 voix), ce qui représente un inversement de tendance, Ennahdha devançant Nidaa Tounes de 7 points, soit une différence de 150. 455 voix.

Le bureau d’études Sigma Conseil, par l’intermédiaire de son directeur Hassen Zargouni, a d’ailleurs commenté les premiers résultats des élections en mettant en perspective le fait que ce sont quatre blocs qui se partagent, à parts presque égales, les voix de moins d’un quart des électeurs :

  • Le premier bloc est constitué par le parti Ennahdha, classé au premier rang. La première place d’Ennahdha est loin d’être une surprise, en raison du nombre de listes qu’il a présenté (430 listes), et surtout devant cette abstention sans précédent qui a touché ces élections. Cette situation a ainsi permis au parti islamiste de profiter du dépit ambiant général, tout en restant pour sa part très discipliné. En réalité, Ennahdha tablait sur une victoire plus large, grâce à sa discipline et à sa capacité de mobilisation. C’est ainsi que, en dépit de son score en apparence honorable, il s’avère qu’Ennahdha a nettement régressé, passant de 1,5 million de voix en 2011, à moins d’un million en 2014, et à 400 000 aujourd’hui. Ce qui signifie que le parti islamiste a perdu presque plus des 2/3 de son électorat, même s’il convient de noter que dans une ville comme Sidi Bouzid, d’où sont parties les révoltes qui ont abouti au déclenchement du « Printemps arabe », le parti islamiste est majoritaire ;
  • Mais le second bloc, Nidaa tounes, a perdu une proportion égale à Ennahdha en un laps de temps encore plus réduit. Ce parti, qui a présenté 450 listes, et qui a obtenu 22,7% des voix, continue, malgré le nombre de membres qui l’ont quitté, à faire le contrepoids et à conférer un certain équilibre au paysage politique. Parmi les indications parlantes, le fait que la liste de Hafedh Caied Sebsi, fils du président de la République, remporte la ville du Kef avec 34%. Cette ville, par laquelle la France est entrée en Tunisie en 1881, reste pourtant fidèle à un mode de vie tourné vers la modernité, ce qui ne plaît pas toujours au parti Ennahdha.
  • Vient ensuite le troisième bloc, constitué par les formations de l’opposition qui ont participé à ces élections soit séparément, soit au sein de coalitions qui ont récolté respectivement 14% et 8% du total des voix exprimées. Celles-ci incluent le Front populaire, qui s’est présenté avec 120 listes, et qui est arrivé en tête dans plusieurs circonscriptions du sud, du centre et du nord-ouest du pays. Cela confirme sa réussite relative. En parallèle, le score obtenu par le mouvement Harak Tounès al Irada (Mouvement Tunisie Volonté) de l’ancien président tunisien Moncef Marzouki montre le manque d’engouement des Tunisiens en sa faveur, et ce même dans les régions du sud considérées pourtant comme un fief pour l’ancien chef de l’État. Il en va de même pour ce qui concerne le Courant démocratique, présidé par Mohamed Abbou (bien que celui-ci soit venu en tête de liste dans certaines circonscriptions du sud) et pour le mouvement destourien de Abir Moussi, dissident de l’ancien parti au pouvoir (RCD) ;
  •  Le quatrième bloc, celui des Indépendants, ressort dès lors vainqueur des élections, décrochant 32,9% des voix. Celles-ci incluent une multitude de tendances. Ces candidats qui ont ainsi su décrocher des sièges dans les futurs conseils municipaux de plusieurs villes ne représentent pourtant pas un parti, mais un magma, celui des  « Indépendants ». Ceux-ci, en score global, arrivent finalement devant Ennahdha, laissant loin derrière Nidaa Tournes, le parti du président et du chef du gouvernement, puis les autres partis de l’opposition. Le triomphe des Indépendants est remarquable par leur travail, leur organisation et leur détermination, car loin de jouir des capacités financières ou organisationnelles, voire des possibilités médiatiques des partis, ceux-ci sont arrivés à arracher la majorité des voix dans des villes très importantes, telles Tunis, Sfax, Sousse, le Kef, la Marsa, ou encore Nabeul.

 

Au-delà de la victoire des « Indépendants » : les signaux d’alerte

Toutes ces considérations font de la victoire des Indépendants un phénomène nouveau dans le paysage politique tunisien.

Ainsi, là où les représentants de cette liste se sont bien organisés, ils sont arrivés premiers, comme dans le cas de Tozeur. A l’Ariana, le doyen Fadhel Moussa, candidat de la Voie démocratique et sociale, a obtenu 33% des voix. À La Marsa, qui compte comme l’une des municipalités les plus symboliques du pays, Slim Maherzi, médecin et ancienne gloire de l’équipe sportive locale, est aussi arrivé premier en tant que représentant de la liste « La Marsa Change » ; la seconde place a d’ailleurs également été raflée par une liste indépendante, « Les Couleurs de La Marsa », menée par Moez Bouraoui. Dans bien d’autres villes, les Indépendants sont aussi arrivés premiers ou deuxièmes. La Marsa est d’ailleurs un véritable laboratoire pour les élections en Tunisie, notamment car c’est là-bas que les Indépendants ont commencé, tôt, à s’organiser et à travailler sérieusement.
Peut-on pour autant considérer les « Indépendants » comme un mouvement ? La question se pose pour les Tunisiens, sans que ceux-ci n’y trouvent cependant de réponse claire. De plus, ce mélange confus de listes pourrait-il se transformer un jour en mouvement structuré ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr cependant, c’est que l’écrasante majorité des Tunisiens appelle à une nouvelle donne politique. Et malgré les apparences, l’expérience de ce 6 mai 2018 offre de vastes perspectives en ce sens.

Cela ne fait pas l’économie d’une nécessaire révision par les perdants de ces élections des raisons de leur échec. On notera ainsi ici comment, au détour d’une interview accordée à la radio nationale tunisienne, Chafik Sarsar, ancien président de l’ISIE, avait expliqué les raisons de cette défaite pour les « grands partis ». Ainsi, selon, Sarsar, on peut remarquer ce qui suit :

  • Le fait que les élections municipales quatre fois reportées, et le code des collectivités locales adopté en retard sur l’agenda prévu, ont eu valeur de message négatif pour les Tunisiens, qui ont compris que les élections ne présentent pas une priorité pour la classe politique ;
  • Les critères de l’ISIE ont été trop exigeants, celle-ci insistant sur les notions de parité verticale et horizontale (chaque liste doit comporter autant d’hommes que de femmes ainsi que des jeunes de moins de 35 ans et un handicapé au moins dans chaque liste), cependant que la campagne médiatique menée a été très contraignante. Sont ainsi particulièrement pointés du doigt la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), et bien sûr l’ISIE ;
  • Le fait que des lois aient été votées à la dernière minute, retardant par ailleurs des questions aussi importantes que la nomination par le pouvoir législatif des nouveaux membres de l’ISIE, la mise en place de la cour constitutionnelle, ou encore le fonctionnement de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) ;
  • L’absence de communication sur la nature réelle des missions des futurs élus, dans un contexte dans lequel ceux-ci seront notamment amenés à gérer le processus de décentralisation ;
  • Un taux réduit (12%) de participation des sécuritaires et des militaires ;
  • L’incompétence de l’ISIE en matière de logistique et d’organisation ;
  • Les promesses de programmes irréelles et non réalisées de la part des partis au pouvoir, la gouvernance ne faisant quant à elle que s’aggraver. S’ajoute à cela un climat social tendu, une inflation record, une chute sans précédent du dinar, et aussi une tension palpable entre les parties importantes du pays (gouvernement, UGTT, UTICA, partis politiques).

On peut ainsi se réjouir de la maturité politique des Tunisiens, mais on doit tout aussi bien relever le fait que les défis restent d’ampleur, tant à niveaux procédurier et institutionnel que pour ce qui touche aux aspirations des Tunisiens. Autant de signaux dont il convient de bien tirer les leçons dans la perspective des échéances électorales capitales qui suivront en 2019.

Oil, Banks, and Governance: Economic Realities in a Divided Libya (Mikail-Engelkes)

Oil, banks, and governance: Economic realities in a divided libya

Authors: Dr Barah Mikaïl and Simon Engelkes

Despite limited improvements, the Libyan economy still lingers well below its potential, obstructed by continuing violent conflict and political uncertainty. Libya’s poor economic performance is evident in the numbers, and it is rendered even more obvious by the population’s claims. Many efforts – including specific policies and economic orientations – have been developed by Libya’s political authorities, in the East and in the West, to try and limit the effects of economic problems on the society. However, results remain limited so far.

To contribute to a deepened understanding of the Libyan economy in its current state, the KAS Regional Program South Mediterranean in cooperation with the Madrid-based think tank Stractegia organized a roundtable within the framework of a two-year series of dialogue rounds dedicated to assess the state of play and identify a possible way forward in order to overcome Libya’s key socioeconomic dilemmas and difficulties. The roundtable on 8 March 2018 in Tunis provided a platform for Libyan-Libyan dialogue by bringing together a variety of experts and stakeholders from within the Libyan economy, who exchanged their analyses and testimonials during panels on the country’s oil and banking sectors, the role of the private and shadow economies in absence of effective state governance and the function of municipalities in filling the gap of public service provision.

Libya, the country with the largest oil reserves on the African continent, stopped being a stable supplier to the regional economy. Oil revenues have decreased by a quarter and despite reports of increasing production, the country lags far behind its potentials. The economic crises – seen by some of the experts present as the main motivation behind many faces of the conflict – undermines both social peace and public confidence in the state while it requires the country to stay on the drip of foreign humanitarian and development aid. Inflation accelerated, the black market is thriving, and the future challenges for the Libyan economy range from the reconstruction of the country’s infrastructure and a diversification of the sources of revenue to nurturing the private sector and fighting organized crime and corruption. Thus, finding sustainable solutions for the key economic issues in Libya can be the start for a resolution of the crisis, and an emphasis on a united political economy and ‘good governance’ could be a catalyst for Libyan development. The expert roundtable concluded with five main recommendations:

  • Rebuild the oil and gas infrastructure

Oil is central to Libya and its economy; it is its first source of revenue. Although diversification is important for creating a vital Libyan economy, as will be argued below, the oil industry should remain a priority considering that it still constitutes the most important source of wealth for Libya. 97 percent of state revenues rely on oil and gas production, which creates a weakness of dependency within state structures.  Furthermore, disruptions in Libya’s oil activity and the long-term closing of important fields – such as Mabrouk and Ghani – had a negative impact on the country’s economy. Irregular production further hinders the country to rely exclusively on oil income. Despite the oil benefits that Libya expects in 2018, 22,5 billion dollars, the country’s current production of 978,000 bpd (as of January 1st 2018) is low and deceptive.

The National Oil Company (NOC) is expected to have a strong role in this regard. In reality, its influence and its impact on the country’s oil prospects are rather limited. For instance, the NOC has repeatedly asked national authorities to repair the production fields that have been damaged, but its query was not met with any success. The Libyan NOC is perceived as an institution that should be able to pressure authorities into taking the necessary decisions; but the reality of the NOC is one of a divided institution, unable to appear as a strong body. Moreover, political divisions at the national level make it in any case quite difficult for Libyan ‘official’ institutions to have their say and impose their will on actors throughout the whole country.

As a result, oil production in Libya depends on many factors that include the political context; the security situation; the question of who is in control of oil fields as well as who among the involved external actors has more influence in cooperating with Libyan oil companies. The oil production output dropped after 2011 and productivity levels broke down completely in 2015 due to the security-related closure of oil fields and general instability. The haphazard shutdowns of key fields and ports during a long blockade of oil terminals in the Eastern Oil Crescent have reduced the pressure at the oil wells. Repsol, OMV, Total, and Waha are some of the companies that make a significant contribution to both Libya’s oil production and its level of exportation. Sharara, al-Fil, Wajala, and Abou Tefla, on the other hand, are important oil fields that notably participate in the country’s economy. The aforementioned disruptions in oil production make it hard for Libya to project itself on the long run and to proceed with a better organization of its economic prospects. Data and statistics insist on this reality; while Libya’s oil production was limited to 550,000 bpd in February 2017 given the developments in the Oil Crescent at that time, production went up to 1,01 Mbpd in July, before going down again to 917,000 bpd in December. In a country where 80 percent of the working population is said to earn a salary directly from the public sector, this creates a situation that is all too uncertain and problematic for a major part of the population.

Today, albeit producing again, oil facilities are used as “bargaining chips” for militias’ financial and political demands. A lot of the production is smuggled outside of the country. Reportedly, 40 percent of Libya’s neighboring countries’ markets are covered by smuggled Libyan oil. Experts called upon the authorities to find other forms of social support for citizens in need than oil subsidies. Libya is currently facing a budget deficit of around 12 billion Libyan dinars between state expenditure and revenues, which barely pays the income of its beneficiaries. Thus, efforts to reconstruct oil and gas infrastructure, revive the oil sector, and unlock the exploitation potential of existing resources require funds between $46-81 billion. Experts further noted that contracts with foreign oil companies need to be reviewed “for the sake of the Libyan people” and a prerequisite for this is an environment of united institutions.

Besides the oil, Libya has one other underexplored asset: it has comfortable volumes of gas and making a better use of it would considerably back the country’s sources of revenue. And this despite the fact that, like for oil, both infrastructures and the political context would need to be reassessed and to improve before Libya reaches a satisfactory level of oil and gas production. Some countries, such as Russia and Italy, have understood well the benefits that Libya’s oil and gas resources could provide; but their strategy is still at the very beginning, and it needs to be completed with an official and clear grand strategy that would also suit Libya’s interests.

  • Diversify economic activities and sources of revenue

The limited performance of Libya’s economy stands in the way of a prosperous future. Indeed, most of the Libyan economy is linked to the action of the public sector, while the private sector deals with few and very modest projects. This situation adds to the lack of dynamism that prevails at the economic level, though it also generates some contradictions: systems of production are generally obsolete, the Libyan market is not competitive compared to the outside, the Libyan working force lacks training, and the constant quest for projects that would guarantee immediate benefits is simply not realistic.

Moreover, there are many factors that limit the prospects of the Libyan private sector. These include the obvious security challenges; lacks and deficits in terms of human resources; the weak performance of the banking sector; the difficulties that private companies face in the real estate sector given the lack of capacities and financial resources, as well as the lack of anticipation of existing opportunities in general.

The private sector in Libya holds the potential to diminish poverty and to play an important role in securing investment in infrastructure, electricity, water, and health care. It has been impacted strongly by the economic, political, and social factors driving further division in the country, such as the continuous fluctuation of prices. Nevertheless, in the fields of finance, health, transport, trade, and general services, the private sector seems to perform better when compared to previous years. This might give the impetus to municipalities and actors in the private sector to set up Private-Public Partnerships based on a common strategy to boost economic prospects.

During the roundtable, experts referred to “a certain chaos in the activities of the private sector in Libya” and laid emphasis on the need to create a legal framework for an involvement of the private sector in the economy. Attempts should also be made to start relying on new and alternative sources of revenue by diversifying the market and expanding industrial activity. Similarly, empowering the private sector entails an efficient strategy against the black market economy and transboundary smuggling as well as providing a more stable security environment for companies and investors.

  • Stabilize the banking sector, overcome divisions of the internal market, and rebuild trust in institutions

In economic terms, the true decision maker in Libya is the Libyan Central Bank (LCB). However, even the LCB hardly provides official and reliable data and statistics on the country’s economy. The most recent information available dates back to 2016, and even then, not all the data available was necessarily reliable. Nevertheless, there are some indications that can help understand where the country stands economically.

From a financial point of view, the Libyan economy is divided into three main sectors: banking (83 percent), insurance (16 percent), and investment (1 percent). While inflation is said to have stood officially at 26,3 percent for the month of February 2018, in reality, inflation goes as much as five times higher. This situation comes mostly as a consequence of the activity of the black market, but also because the entire country tends to align virtually to the rates practiced in Tripoli. Businessmen and their activities also contribute to the increasing inflation, since many of them – while they keep working in their original businesses – also find interest in currency trading. Besides, Libya has a low industrial and manufacturing activity, which explains why the market is flooded by Turkish (in the West) and Egyptian (in the East) products.

With its heavy dependency on oil revenues, the economic situation in Libya was better placed before 2011. In the 2000-2010 period, agreements signed between Libya, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) had allowed Libya to benefit from a positive conjuncture. But since 2011, the worsening of the political and security situation had a deep impact on the country’s economy. After the revolution in 2011, public funds were spent unwisely in numerous state institutions due to major expectations by the population and the budget deficit widened into the revenues from taxes and customs. In 2015, 36 percent of the central bank’s reserves were used to pay for the national budget. A year later, 70 percent of the budget was drawn from the reserves. The country’s currency reserves of $120-130 billion were burned at a rate of $20 billion a year, to the effect that now, only an estimated $20-30 billion are left. Bank runs and large cash outs lead to the liquidity crisis at hand today.

Experts confirmed that more than $40 billion, the “real money,” are outside the banking system and about 60 percent of state expenditures go to ‘officials’ on its payroll. The mistrust that citizens feel towards their institutions adds to this uncertainty and results in the population squirrelling away their foreign or local printed money reserves rather than handing it over to the banks. Representatives of the banking sector present at the roundtable accentuated the need to rebuild this trust in financial structures and the Libyan dinar.

All of this led to a catastrophic economic situation fixable only though a coherent economic strategy and a set of measures coordinated amongst central and local government officials as well as stakeholders in the banking sector. Remedies to this situation exist, but they require serious political reforms and a revolution in habits. Solutions can only be straightforward, and some consider that they can only come through dispositions that would include the backing of families with giving them an additional financial aid, restricting the importation of selected products in order to increase prospects for national production, issuing a new currency so that the crisis of liquidities is limited, reducing the state control over the economy, having better state management and good governance, more effectively controlling the currency rates, unifying financial and economic institutions, starting with the LCB, and putting an end to subventions on oil products.  A stable Libyan currency adequately managed by a united LCB is crucial for the future of the country.

  • Include local governance structures in economic negotiation and implementation processes

Notwithstanding, there are some existing institutions that are able to define common priorities for the Libyan economy: local governance structures. One example with regards to infrastructure is the Committee for the Transfer of Competences of the Local Administration which has started several initiatives that nevertheless need backing by a stronger and a more determined political actor. Given that the Tripoli-based Ministry of Local Governance is, according to its own employees, not concerned about the tensions between Libya’s East and West, this might be a window of opportunity that should be exploited.

As effectively governing municipalities can stabilize the country not only in terms of providing and maintaining sustainable infrastructure, local structures need to be supported, state institutions need to be rebuild, and the economic and governance systems within Libya need to be decentralized. In light of municipalities being at the heart of Libyan society and economic aspects composing the core of instability in the country, local governance should not only be on the priority list for the central government, but be enabled to bear the main responsibility in service provision.

Decentralization requires a gradual delegation of powers on the basis of municipality performance. The establishment of a Ministry of Local Governance by the GNA is thus a crucial step in supporting local sources of revenue as an alternative to the resources of the central government. Not only due to the large geographical distances between the municipalities, the local coordination of administrations is not an easy endeavor.

In fact, some of the main issues prevailing in Libya are those related to the lack of proximity, both at the level of the relation between the central authorities and the municipalities, and between political/executive structures and the society at large. Neglecting this side will only make it more difficult for Libyans to benefit from improvements in the health sector, sanitation, Foreign Direct Investments, and issues such as the future of IDPs and the impact of migration movements on the country.

This is where “changing habits” and promoting a deep, revolutionary reform of local management and governance is crucial. Thus, Libya is clearly in need of clear regulatory frameworks and policies for local governance as well as a long-term vision of  how municipalities can foster local investments in infrastructure to ensure service provision, guarantee state accountability, and bring an end to corruption.

  • Dismantle criminal networks fueling a ‘shadow economy’ and cut economic links to militias

The black market has evolved into the controlling element behind the prices in the whole Libyan economy. Lifting this headlock necessitates a clear strategy on how to deal with the parallel markets and an action plan in order to narrow the gaping difference between the official and unofficial currency exchange rates. Many experts agree that the only unified and most active economy in Libya today is the parallel market, which is less impacted by political disputes and conflict than the divided formal economy. Any attempt for a solution must account for the fact that there is a network of interests intertwined with all kinds of criminal activities, ranging from the smuggling of oil and other subsidized goods to weaponry and human beings, and ingrained into the socioeconomic fabric of numerous local communities.

The Libyan regime under Gaddafi exerted a certain level of control over the smuggling business. Since then, open competition has taken over and provoked local conflict. The absence of stable statehood and dominant security actors led to a professionalization of the smuggling economy and – following the spread of armed groups – required smugglers to hire personnel for armed protection which again gave rise to an informal protection market. All throughout the country and empowered by Libya’s hybrid security sector, militias are fighting over control of smuggling routes; oil, gas, and transportation infrastructure; the control over borderland territory; state bodies; economic and trade nodes along the coast; and the predation of state revenues in what has been termed a war economy that depends on the dispensation of violence.

Given the fact that a lot of the liquidity in Libya is consumed by armed groups and local militias, these economic links must be interrupted by efforts to reintegrate members of armed groups into the economy and find alternatives to the central distribution of public wealth in order to preserve stability. The wealth of the militias exceeds billions of dinars and any solution requires the inclusion of the local governance level.

Conclusion

Libya lacks the presence of a long-term vision for its economy and this will not change until it becomes clear who exactly is taking decisions. Infrastructure and basic social services, such as health and education, are deficient, but reverting this situation needs time, money, and foreign investors. Oil reserves are important and exploring them accurately could help overcoming the crisis of liquidity and the budgetary problems that Libya is facing. Nevertheless, while having a regular and efficient oil production is critical for the country, positive achievements also need Libyans to clearly set the responsibilities for their core institutional bodies, such as the NOC and the LCB. An often raised question in this regard is on what basis oil benefits will have to be distributed.

Libya desperately needs to adopt extensive economic reforms before the situation totally slips out of the hands of those still executing some influence. Accurate reforms, however, need to be based on a good assessment and a correct understanding of the current situation in the country. In order to achieve that, Libya requires effective leadership under a government perceived as legitimate by the majority of its population.

While all eyes are on Libya’s – possible – upcoming elections, going to the polls might not necessarily contribute to solving the issues at hand, at least for the time being. This is where Libya will most probably need the few truly influential leaders to agree on feasible power-sharing before they develop accurate economic policies that would benefit the country. This, however, still sounds like wishful thinking for now.

About the Authors

Barah Mikaïl is Founding Director of Stractegia and Associate Professor at Saint Louis University in Madrid.

Simon Engelkes is Libya Project Coordinator at the KAS Regional Program South Mediterranean/Tunis.

Les Ahmadiyya d’Algérie : Réalités et discriminations

Entretien avec Me Salah Dabouz, avocat et défenseur algérien des droits de l’homme : « Le régime algérien est très loin de s’occuper de valeurs modernes ». 

L’Algérie fait un pas en avant, deux pas en arrière. C’est à tout le moins ce qui ressort à la lecture de beaucoup de rapports publiés ces dernières années par les ONG de défense des droits de l’homme. Pendant ce temps, le discours officiel continuer à suggérer le fait que le gouvernement s’attellerait à opérer de profondes réformes au niveau judiciaire, notamment sur le plan technique.

Pour parler de cette question, Maître Salah Dabouz, avocat et président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH), revient dans cet entretien sur une situation qu’il qualifie de « catastrophique », notamment pour ce qui concerne le traitement fait par l’Algérie aux libertés individuelles et à la liberté de culte, et ce en dépit des garanties de la Constitution algérienne en la matière.

 

Stractegia – Depuis quelques mois, plusieurs membres de la minorité religieuse des Ahmadis, les Ahmadiyya, ont été arrêtés et cités à comparaître devant la justice. Que leur reprochent les autorités algériennes exactement ?

Salah Dabouz – Le tort des Ahmadiyya est la nature de leur profession de foi : les autorités algériennes leur reprochent leur croyance. Il faut savoir que les Ahmadiyya, c’est d’ailleurs ainsi qu’ils ont choisi de se faire appeler, se définissent comme un mouvement réformiste, fondé par Mirza Ghulam Ahmad, à la fin du XIXème  siècle, au Pendjab, en Inde. En 1889, celui-ci déclara qu’Allah lui avait confié la tâche de rétablir l’islam dans sa version la plus pure. Il se déclara donc rénovateur et guide, ce qui fit en retour de l’Ahmadisme un mouvement combattu par les courants de l’islam traditionnel, pour qui le prophète Mohammed ne peut ni ne pourra plus être suivi d’aucun autre prophète.

Lorsque Mirza Ghulam Ahmad décéda, ses adeptes élurent un Calife. C’est ainsi que les Califes se succédèrent tour à tour, les Ahmadyyia en étant à leur cinquième calife aujourd’hui, incarné en la personne de M. Mirza Ahmed Masrour.

Les Ahmadiyya vivent en communauté indépendante et sont présents dans plus de 190 pays. Ils ont été déclarés non musulmans et persécutés au Pakistan, en Afghanistan et en Arabie Saoudite. Le mouvement est très actif dans le domaine de l’humanitaire, surtout en Afrique, où il a construit des hôpitaux, des cliniques et dispensaires, mais aussi des écoles et des centres de formation ouverts gratuitement à tous.

L’une des brèches de l’histoire omise, ou disons plutôt marginalisée, est le fait que Sir Zafrullah Khan, diplomate et homme politique pakistanais, militant de la Ligue musulmane, ancien ministre des Affaires étrangères, président de l’Assemblée Générale des Nations Unies et président de la Cour Internationale de Justice, était un musulman issu de la communauté des Ahmadiyya. Khan avait ainsi offert son soutien au Front de Libération Nationale (FLN), en accordant à Ahmed Ben Bella un passeport diplomatique pakistanais, afin que celui-ci puisse voyager à l’étranger en dépit des persécutions exercées à son encontre de la part de la France coloniale et de ses alliés de l’époque. Plus tard, une aide similaire fut également apportée à Ferhat Abbas.

Ainsi, et pour revenir à la question des Ahmadiyya, la déclaration de novembre 1954 nous dit que le but de la révolution est l’indépendance nationale, et que celle-ci passe par la restauration d’un État algérien souverain, démocratique et social, dans le respect des principes islamiques. Seulement, il existe un second paragraphe, que beaucoup jettent volontairement aux oubliettes, qui complète ce premier paragraphe et qui précise que tout ceci doit aussi se faire dans le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction ni de race ni de confession. Avec la chasse aux Ahmadiyya qui a été lancée, et devant bien d’autres comportements violant les principes énoncés à ce second paragraphe, à mon humble avis, nous assistons à une remise en cause des principes fondamentaux de l’objectif même de la révolution.

Stractegia – Combien d’Ahmadiya ont déjà été condamnés à faire de la prison ? Quelles sont les peines les plus lourdes qui ont pu être prononcées à leur encontre ?

SD – Près de 290 personnes issues de la communauté des Ahmadiyya ont été poursuivies à ce jour, dans un total de 31 wilayas. Ces poursuites se sont faites sur la base de rapports des services de renseignement. Une vingtaine de ces personnes a fait de la prison ferme, écopant de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison ferme ; mais tous ont ensuite été libérés, suite aux critiques et aux pressions internationales. La période la plus longue passée en prison par ceux qui étaient en détention fut de 18 mois.

Stractegia – Pour inculper ces personnes, la justice algérienne se base sur les termes d’une ordonnance destinée aux non-musulmans, si l’on en croit les déclarations que vous avez faites à la presse. Que dit cette ordonnance ? Est-elle en contradiction avec la Constitution algérienne ?

SD – Les membres de l’Ahmadiyya sont poursuivis sur la base de plusieurs textes de loi, mais sans que ces actes d’accusation ne soient étayés par aucun fait. Ils sont surtout poursuivis pour des chefs d’accusation tels que l’offense au prophète et le dénigrement du dogme ou des préceptes de l’Islam, sur la foi de l’article 144 bis du code pénal ; ou la collecte de fonds sans autorisation, chose contraire aux articles 8 et 9 de l’ordonnance n°06-03, qui fixe les conditions et les règles d’exercice des cultes autres que musulman. Ces poursuites sont pourtant abusives, ne serait-ce que parce que les Ahmadiyya se disent musulmans.

Nous avons remarqué par ailleurs que des Directions des affaires religieuses se sont constituées en parties civile, et ont même présenté des demandes d’indemnisation devant les « préjudices » que les Ahmadiyya leur auraient causé ! Le comble, c’est que c’est le ministre des affaires religieuses en personne qui a mené cette campagne anti-Ahmadiyya, prétendant que ce sont là des groupes terroristes préparant des attentats dans des stades, ou encore les désignant – sans les nommer – comme des groupes manipulés par des services de renseignements étrangers. La demande la plus saugrenue cependant, c’est celle qui exigeait d’eux qu’ils se déclarent non-musulmans afin de pouvoir exercer leur culte en Algérie.

Il faut signaler par ailleurs que l’ordonnance n°06-03 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman est anticonstitutionnelle, car l’article 32 de la constitution est clair : il stipule que les citoyens sont égaux devant la loi, et qu’aucune discrimination ne peut prévaloir sur la base de motifs tels que la naissance, la race, le sexe, l’opinion ou encore toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Stractegia – Les Ahmadis ne seraient-ils pas les seuls à subir les pressions du pouvoir politique, qui agit via son bras judiciaire ? Et peut-on dire que la liberté de culte est respectée et protégée en Algérie ?

SD – Que dire lorsqu’un ministre des affaires religieuses pense qu’il est ministre du rite malékite et que sa mission est de faire la promotion de sa propre croyance, dans le but de rallier tous les citoyens à son rite ? Qu’ajouter lorsqu’il qualifie cette démarche de « référence religieuse nationale » (marja’iya diniya wataniya), un concept jamais évoqué auparavant, qui n’existe pas dans les textes fondamentaux, et qui, par-dessus-tout, est anticonstitutionnel et complètement en porte-à-faux avec l’article 42 de la constitution qui stipule que la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables ?

De plus, ce ministre ne se contente pas de faire des déclarations qui sèment l’exclusion, et de créer la fitna (discorde), en justifiant son combat contre les Ahmadiyya par le motif qui veut qu’appartenir à un rite religieux « différent » pousserait à la création d’une société communautaire (moujtama’ taefi). En réalité, le combat que mène ce ministre contre les Ahmadiyya est un avant-goût de la lutte qu’il souhaiterait mener contre toutes les minorités religieuses, qu’elles soient musulmanes, monothéistes ou autres. Preuve en est l’arrêté du 16 avril 2017, publié dans le JO N° 51 du 30 août 2017, qui fixe la formule et le mode de l’appel à la prière, et qui ne reconnait que le rite malékite, excluant ainsi de fait les rites ibadite, chaféite, ahmadite ou même chiite.

Stractegia – A travers le cas des Ahmadis, quelle évaluation faites-vous de la situation des droits de l’homme en Algérie, étant vous-même responsable de la Ligue algérienne des droits de l’homme, toujours en attente d’agrément ? Vous avez d’ailleurs affirmé à plusieurs reprises, à ce titre, subir des pressions de la part du pouvoir…

SD – Il faut savoir avant tout que la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme est une association nationale agréée par décision du ministre de l’intérieur, feu Abou Bakar Belkaïd, le 26 juillet 1989, sous le numéro 603, publié au JO N° 44 du 18 Octobre 1989, et mis en conformité par l’Assemblée générale des 27 et 28 décembre 2013.

Ceci étant précisé, la situation des droits humains en Algérie est catastrophique : le pouvoir en place a choisi d’empêcher les citoyens d’exprimer leur désarroi, dans tous les domaines, sans pour autant s’occuper des problèmes relatifs à leur situation socio-économique. Un état d’urgence de fait prévaut dans la capitale ainsi que dans certaines villes autres, telle Ghardaïa, où le Wali a décrété un couvre-feu qu’il reconduit tous les six mois, en violation des dispositions constitutionnelles. Il livre la gestion de certaines villes de cette wilaya aux services de sécurité, sachant pourtant que de telles situations ne peuvent être décrétées qu’après approbation du parlement.

Par ailleurs, il se trouve que certains syndicalistes perdent leur travail du fait justement de leur activisme. Certaines entreprises publiques refusent carrément d’intégrer des syndicalistes, malgré des décisions de justice dénonçant ces abus, comme fut le cas avec Tarek Ammar Khoudja et Mourad Nekkache, tous deux employés de la Poste qui avaient pris l’initiative de créer un syndicat. Ces deux hommes se retrouvent sans emploi aujourd’hui.

Un autre cas alarmant que je pourrais citer est celui de Mourad Tchiko ; il s’est exilé en Suisse, résigné, après avoir vainement tenté de résister à plus de dix ans de cabale judiciaire à son encontre. Son dossier reste mystérieusement bloqué au niveau de la Cour suprême, alors qu’un un certain Directeur Général de la protection civile a juré qu’il (Mourad Tchiko) ne pourrait plus mettre les pieds dans l’entreprise dans laquelle il travaillait.

Aujourd’hui, des syndicats, des associations, ainsi que des partis politiques, bien qu’ils remplissent toutes les conditions requises par la loi, restent non-agréés. Des blogueurs se retrouvent en prison pour avoir osé donner leur avis sur la toile et ils sont poursuivis par le parquet, sans jamais avoir de plaignant en face.

Des avocats sont également poursuivis en justice, pour avoir simplement fait leur travail, sans que leur corporation ne bouge le petit doigt. Celle-ci ne se manifeste d’ailleurs que lorsqu’il s’agit de la loi de la profession, et elle ne bouge que sous le contrôle de l’exécutif. Je pense qu’une telle situation ne peut être qualifiée que de catastrophique.

Stractegia – Outre les Ahmadis, vous plaidez la cause des détenus politiques de Ghardaïa. Où en sommes-nous aujourd’hui de cette question sur le plan judiciaire ?

SD – La violence qu’a connue Ghardaïa, de novembre 2013 à juillet 2015, n’est rien d’autre que reflet d’un plan à caractère criminel mettant en relief l’action de fonctionnaires dont le seul but était de déstabiliser le Mzab. Il aurait fallu déclencher l’un des mécanismes onusiens existants afin de libérer ce groupe de militants, dénonciateurs d’actes criminels, qui ne faisaient que développer des activités pacifiques type journalisme citoyen. C’est à ce titre que ces militants établissaient des comptes rendus journaliers, écrits ou filmés, qui relataient via réseaux sociaux les actes terroristes dont leur communauté était victime, dans le but de les porter à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale. Il faut savoir que c’est une communauté dans son ensemble qui faisait ici face à une violence organisée ; cette violence était accompagnée, et même souvent encadrée, par des agents des services de sécurité qui protégeaient les bandes de jeunes encagoulés, et les aidaient à se frayer un chemin aux fins de mener leurs offensives sans merci. Ainsi, les activistes politiques humanitaires poursuivis en justice n’ont pas d’adversaires – mis à part le parquet.

La cerise sur le gâteau fut la déclaration de M. Ammar Saïdani, qui, en sa qualité de SG du FLN, et en date du 5 octobre 2016, avait accusé le général Toufik, directeur du redoutable Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), d’être le commanditaire de cette pagaille organisée. Après une telle déclaration, et devant autant de preuves, dites-moi si l’on peut encore avoir des doutes sur ce qui s’est réellement passé au Mzab ?

Stractegia – En tant qu’avocat, vous avez certainement pris connaissance du dernier message adressé par le président Abdelaziz Bouteflika au corps de la justice, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’avocat, le 24 mars dernier. Avez-vous des commentaires à faire sur son discours ainsi que sur la profession d’avocat et le secteur de la justice, tous deux très liés à la question des droits de l’homme ?

SD – Ce que je regrette beaucoup, en tant qu’avocat, c’est le fait que les responsables de cette corporation aient accepté de célébrer cette journée sous le parapluie de l’exécutif ; cela va à l’encontre de l’article 2 de la loi 13–07 sur la profession d’avocat, qui stipule que celle-ci est une profession libre et indépendante.

Je crains qu’il y ait une contrepartie à cette couverture de la profession par l’exécutif, sachant qu’un projet d’amendement de la loi sur la profession d’avocat est sur la table du ministre de la justice, dont l’un des points « chauds » est la question de la multiplication des mandats des bâtonniers. J’ai bien peur que la profession d’avocat ne puisse plus évoquer des noms précédés par la qualification d’ « ancien bâtonnier » à l’avenir.

Pour revenir à votre question, je dirai simplement que nous sommes, malheureusement, habitués à entendre des discours du Président de la République ; ceux-ci contredisent l’action réelle que développe l’exécutif, et ils ne nécessitent aucun commentaire. Le plus important, aujourd’hui, c’est que les avocats puissent agir au plus vite, de manière à ce que la profession puisse reprendre sa place et jouer son rôle véritable dans la société. A ce propos, je tiens à saluer nos confrères tunisiens, qui ont su encadrer la contestation et marquer l’évolution vers un régime démocratique qui consacre la séparation et l’équilibre des pouvoirs ; cela leur a d’ailleurs valu, ainsi qu’à d’autres composantes de la société civile, le prix Nobel de la paix.

Stractegia – Pourquoi est-il si difficile aujourd’hui, en Algérie, de militer pour les droits de l’homme et la liberté d’expression ? Est-ce que cela est lié à la faillite de la classe politique ? Ou plutôt à la faillite de la société civile et à son étouffement progressif par le pouvoir politique ?

SD – Il a toujours été difficile de militer pour les valeurs modernes en Algérie, telles que la démocratie, les droits et libertés ; mais je pense qu’avec l’arrivée de Bouteflika au pouvoir, et surtout après la décennie meurtrière que nous avons connue dans les années 1990, les autorités publiques ont cru qu’il serait utile de donner un tour de vis à chaque fois que le besoin s’en faisait sentir. Telle est la nature du régime politique en place depuis l’indépendance, qui refuse tout optique autre que celle conçue et mise en place par la génération de novembre 1954.

Abdelaziz Bouteflika avait bien dit en 2004 que la mission de cette génération était terminée, mais c’est aussi exactement à partir de ce moment-là qu’il s’est encore plus accroché au pouvoir, et qu’il s’est allié avec la tendance la plus conservatrice de la société, à savoir les confréries (Zawias). De ce fait, je pense que le pouvoir en place est très loin de s’occuper de questions liées aux valeurs modernes, telles la démocratie et les droits et libertés. Pour ce faire, il faudrait que la réforme profonde du système politique soit provoquée par la base de la pyramide, et qu’elle soit bien encadrée par une classe politico-sociale ouverte et à l’orientation moderniste.

Propos recueillis par Ameziane Rachid

Entrevista (en francés) con el economista argelino Samir Bellal: “La Argelia de 2018 se parece a la Argelia de los años 1990”

Privée de la rente pétrolière avec la baisse vertigineuse des prix du pétrole qui a prévalu depuis 2014, l’Algérie se cherche aujourd’hui une porte de secours pour éviter de replonger dans une nouvelle crise économique qui pourrait menacer sa stabilité sur le moyen et le long terme. Mais au sommet de l’Etat, la machine patine du fait de l’absence d’une vision claire et d’un climat sain dans le monde des affaires, celui-ci se voyant fortement dominé par le clanisme et miné par l’existence d’une corruption à grande échelle.

Une certaine forme d’instabilité observée au sein de l’exécutif algérien depuis 2013, avec le premier accident cardiovasculaire du président de la République Abdelaziz Bouteflika, a continué à prévaloir depuis, empêchant toute cohérence et toute cohésion pour ce qui relève de la démarche économique de l’Etat.

Dans cet entretien, l’économiste algérien Samir Bellal* nous fournit un éclairage sur les politiques économique et sociale adoptées par le gouvernement algérien.

Stractegia : Nous sommes en 2018 et l’Algérie se cherche toujours une stratégie industrielle. Comment l’expliquer ?

Samir Bellal : Il est difficile de répondre en quelques mots à cette question. L’Algérie, en tant que collectivité économique, est en effet toujours en quête d’une voie à suivre. L’absence d’une stratégie industrielle explique sans doute la trajectoire chaotique du pays en matière de politique économique. Certains économistes parlent à cet égard d’absence d’éléments objectifs aptes à rendre cette trajectoire scientifiquement repérable. Le pays semble se complaire dans une attitude qui consiste à exploiter la rente pétrolière dans le seul but de maintenir les équilibres socio-politiques. Une stratégie industrielle crédible nécessiterait en l’occurrence des arbitrages politiques forts que le pays ne semble pas encore prêt à assumer. D’où le maintien du statu quo.

Stractegia – Dans un contexte d’effondrement de la rente pétrolière, le gouvernement a-t-il les capacités de trouver une issue rapide pour relancer le secteur industriel ?

SB – Il faut dire que les choix économiques faits par le pays dans les années 1990 ont conduit à un déclin sans précédent du secteur industriel. Les données statistiques officielles indiquent un recul du poids relatif du secteur industriel dans l’activité économique. Le boom pétrolier des années 2000 semble avoir exposé le pays au fameux « syndrome hollandais », et du côté des pouvoirs publics, rien n’a été entrepris pour contrecarrer le phénomène.

Le déclin industriel, principal symptôme du syndrome, est un phénomène que les statistiques font clairement apparaître. De 15 % en 1990, la part du PIB manufacturier dans le PIB total est passée aujourd’hui en dessous de 5 %. Depuis les années 1990, ce secteur est donc sur une dynamique récessive, notamment dans le secteur public qui, en dépit des mesures d’assainissement dont il n’a cessé de bénéficier, n’a pu endiguer cette descente aux abîmes. L’embellie financière des années 2000 ne semble pas avoir eu des effets sur cette dynamique régressive puisque ce secteur continue à enregistrer des taux de croissance négatifs.

La désindustrialisation à laquelle nous assistons dans le secteur public n’a pas été contrebalancée par le secteur privé, en dépit du dynamisme qu’on lui prête et du potentiel qu’on lui attribue habituellement. Essentiellement présent dans les activités naturellement peu ouvertes à la concurrence étrangère (c’est-à-dire, pour reprendre la terminologie de la théorie du Syndrome Hollandais, le secteur des biens non échangeables) et où les délais de récupération sont très courts, le secteur privé est peu présent dans l’industrie manufacturière, où seulement un tiers des entreprises opèrent.

Selon toute vraisemblance, la libéralisation des prix, l’ouverture inconsidérée du commerce extérieur et la convertibilité courante du dinar ont contribué conjointement à faire émerger cette configuration qui rappelle les hypothèses du modèle du syndrome hollandais.

La désindustrialisation ne saurait cependant être réduite à un phénomène dont l’origine est l’appréciation du taux de change effectif réel. Par-delà son aspect « morphologique », l’industrie est avant tout une dynamique sociale dans laquelle les formes concrètes que prennent les rapports sociaux jouent un rôle clé.

Le marasme observé dans le secteur industriel apparaît, de mon point de vue, comme la résultante d’une régulation institutionnelle dont les contours prennent la forme d’une combinaison périlleuse associant, sur certains aspects, un libéralisme puéril, et sur d’autres, un étatisme stérile. Cette régulation se distingue par ailleurs par sa forte dépendance vis-à-vis du circuit de circulation de la rente, dépendance qui se lit en particulier dans des configurations spécifiques : surévaluation, en termes réels, de la monnaie nationale ; prééminence d’un rapport salarial de type clientéliste dans le secteur public ; une répartition des dépenses publiques s’inscrivant davantage dans une logique «politique» de redistribution que dans une logique économique de soutien à l’accumulation, etc.

Dans le contexte qui est celui de l’économie algérienne, où les sources de la croissance ne sont pas encore présentes dans le secteur industriel, l’impact négatif de la rente pétrolière sur la croissance à long terme réside justement dans le fait qu’elle empêche que ces sources de croissance n’apparaissent, notamment dans le secteur industriel. Le rôle de l’Etat, dans ces conditions, est de veiller à ce que l’allocation des ressources profite davantage aux secteurs productifs, et plus particulièrement le secteur manufacturier.

Stractegia – Qu’est-ce qui explique l’insistance du gouvernement à encourager l’investissement massif dans le secteur du montage automobile ? D’ailleurs, les heurts que connait ce dossier ne seraient-il pas révélateurs d’un manque de vision de la part du gouvernement ?

SB – Je ne pense pas que l’on puisse parler d’investissement massif dans le secteur du montage automobile. Les investissements dont il est question se résument à la mise en place de simples unités de montage dont la production, si tant est qu’on puisse parler de production, est exclusivement destinée au marché local. Ce qui se passe dans ce domaine est révélateur de l’absence de vision sérieuse et crédible quant aux choix à faire en matière industrielle. De par leur configuration, il est évident que les nombreux projets de montage automobile n’ont d’autre but que de contourner l’interdiction qui est faite aux concessionnaires d’importer des véhicules neufs. Il s’agit bel et bien d’importation déguisée. Ces unités de montage s’inscrivent dans la même logique qui guide l’action du capital étranger lorsqu’il se déploie en Algérie, logique qui consiste à fonctionner comme une véritable pompe à aspirer les ressources en devises du pays. Mais s’il en est ainsi, c’est parce que le capital étranger, au même titre que le capital national, n’est pas soumis à une politique cohérente qui viserait à insérer activement, et j’insiste sur le terme « activement », l’économie nationale dans la division internationale du travail.  La logique extractive (dans le double sens du terme) qui guide l’action du capital étranger est à l’origine de l’embarras du gouvernement devant le nombre pour le moins effarant de projets de montage automobile proposés… on parle d’une centaine de projets en ce sens !

Stractegia – Les analystes, les politiques et les experts internationaux pensent que la rente est la source de tous les problèmes que vit l’Algérie depuis des années. Est-ce seulement la rente qui en est en cause, ou bien existe-t-il d’autres facteurs de blocages plus importants?

SB – Le débat est ancien.  Il est aujourd’hui largement admis que la rente en elle-même n’est ni une malédiction, ni une bénédiction. Tout dépend en fait de l’usage qui en est fait. Or, l’usage fait de la rente relève de choix politiques. Ce sont les choix politiques qui font de la rente une malédiction ou une bénédiction. Dans les années 1970, l’Algérie a tenté de mobiliser les ressources que procurait la rente pétrolière pour industrialiser le pays, mais la tentative s’est soldée par un échec car, dans sa conception, le projet économique niait l’existence du marché. Le projet se proposait de développer le pays à l’abri et à l’encontre des lois objectives du marché. L’échec fut cuisant. D’où l’ajustement structurel des années 1990. Le boom pétrolier des années 2000 a favorisé le maintien d’une ouverture extérieure inconsidérée, tandis que, à l’échelle interne, les mécanismes de marché peinaient à s’imposer. Cette combinaison périlleuse, avec ouverture à l’extérieur et fermeture à l’intérieur, n’est sans doute pas étrangère à la situation actuelle : déclin de l’industrie, hausse du chômage, dépendance vis-à-vis de l’extérieur, etc. Pour s’en sortir économiquement, l’Algérie a manifestement besoin d’une politique de rupture avec la rente. Une telle politique nécessite une volonté politique forte de construire un consensus, ou un contrat social, dans lequel le statut économique de la rente pétrolière doit porter sur l’objectif de promouvoir les activités productives. Cela nécessite des arbitrages et des compromis qui, politiquement, ne sont pas sans présenter un coût. Il en va par exemple ainsi de la nécessité de réhabiliter l’échange marchand en libéralisant les prix ; de la gestion de la valeur de la monnaie nationale de façon à éviter qu’elle soit structurellement surévaluée, ce qui favorise l’importation et pénalise la production nationale ; de la protection qui doit  être apportée à l’espace économique domestique ; et ainsi de suite.

Stractegia – Le gouvernement dirigé par Ahmed Ouyahia s’est montré, au début de l’automne 2017, très alarmiste, au point de déclarer que l’Etat risquait de ne pas verser les salaires des fonctionnaires pour le mois de novembre 2017. Certains disent qu’il avait menti, d’autres ont affirmé qu’il a exagéré. Qu’en est-il dans la réalité des faits ?

SB – La réalité est que l’économie algérienne est restée une économie rentière par excellence. La contribution du secteur pourvoyeur de rente, les hydrocarbures, n’a fondamentalement pas changé : 40-50 % de notre PIB, 97 % de nos exportations, 60-70 % de nos recettes budgétaires. Depuis 1999, des sommes colossales ont été dépensées, mais cela n’a manifestement pas permis au pays de se doter de suffisamment de force économique pour affronter la crise. L’Algérie de 2018 ressemble bizarrement à celle de la fin des années 1980, et ce ne sont pas les quelques milliards de réserves de change qui y changeront quelque chose. Le problème reste posé : l’Algérie ne dispose pas encore de composantes dynamiques du capital aptes à lui permettre de faire face à la crise.

Stractegia – Jugez-vous judicieux le choix du gouvernement algérien de recourir à la planche à billet au lieu d’opter pour l’endettement extérieur, alors que l’Etat dispose encore d’un matelas financier d’une centaine de milliards de dollars ?

SB – Le recours à la planche à billet est une solution de facilité qui n’apporte pas de solution crédible et durable aux problèmes budgétaires. Cette « solution » se traduira, si les cours du pétrole ne remontent pas, par un surcroît d’inflation et une accélération de l’épuisement des réserves de change du pays. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les déficits budgétaires, dont on parle beaucoup ces derniers temps, ne sont qu’une facette, parmi d’autres, de la crise du régime rentier. Les déficits sont partout : déficit des entreprises publiques, déficit commercial, déséquilibre dans la balance des paiements, déficits du système de sécurité sociale dans ses différentes branches… Cette situation appelle des réformes structurelles qui, en raison de leur caractère socialement douloureux, ne semblent pas enthousiasmer les pouvoirs publics.

Stractegia – Le partenariat public-privé, promu dans le cadre d’une charte signée par le gouvernement, le patronat et la centrale syndicale de l’UGTA (Union générale des travailleurs algériens) fait polémique depuis des semaines. Sommes-nous devant un cas de privatisation déguisée des entreprises publiques, avec en prime un flagrant manque de transparence, comme l’a laissé entendre l’instruction de la présidence rappelant à l’ordre Ahmed Ouyahia ?

SB – La charte sur le PPP est un acte symbolique qui se veut une réponse à la situation difficile que vivent les entreprises publiques, ces dernières étant, dans leur écrasante majorité, structurellement déficitaires. Mais c’est aussi un aveu de ce que la politique de l’assainissement permanent dont bénéficie le secteur public est un échec, et qu’en raison de l’amenuisement des ressources budgétaires de l’Etat, une telle politique n’est plus possible.

Par-delà le débat sur les formules à adopter pour sa concrétisation, la privatisation des entreprises publiques est aujourd’hui un impératif économique. Tel qu’il est présentement configuré, le secteur public industriel est incapable d’affronter l’ouverture économique et la concurrence. Le maintien en activité d’un large secteur public n’a de justification que si l’on garde à l’esprit que, pendant longtemps, ce secteur est perçu davantage comme un marché politique.  Non seulement parce que ses gestionnaires sont systématiquement nommés sur des bases clientélistes, mais aussi parce que ses recrutements, son fonctionnement et ses activités obéissent moins aux impératifs de rentabilité qu’aux interférences et interventions directes des pouvoirs politiques.

*Diplômé de l’Institut National de la Planification et de la Statistique (INPS) d’Alger et de l’Université Lyon-2, Samir Bellal enseigne actuellement la Faculté des Sciences économiques de l’Université algérienne Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Auteur de plusieurs contributions dans la presse sur l’économie algérienne, il a publié, fin 2017, « La crise du régime rentier : Essai sur une Algérie qui stagne », paru aux éditions Frantz Fanon.

Propos recueillis par Lyès Menacer.

Crisis energética en Libia: Entrevista con Abdelmagid Hamza (en árabe)

 ازمة الكهرباء في ليبيا: الاسباب والحلول الواردة

لقاء خاصّ مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبد المجيد حمزة

امام تفاقم ازمة انقطاع الكهرباء المتكررة في اغلب المدن الليبية الكبرى كمدينة طرابلس وضواحيها وبنغازي والجنوب بالكامل، فقد اضطرّت الشركة العامة للكهرباء لطرح الاحمال، وهي طريقة تقوم الشركة من خلالها بقطع الكهرباء على المدن لفترات طويلة من الوقت ثم ترجعها من جديد وبالتناوب بين المدن. امّا استمرار هذا الوضع فقد زاد من حالة الاحتقان لدى الكثير من المواطنين إلى أن خرج البعض منهم عن طورهم مثال عدد مهمّ من اهالي بعض المناطق الّذين قاموا بمهاجمة موظفي الشركة العامّة للكهرباء وتعرّضوا لهم بالضرب والاهانة.

ولمناقشة هذا الملف المهم كان هذا اللقاء الّذي اعدّه الصّحفي والبّاحث في مركز الأداء الاستراتيجي (ستراكتيجيا) محمّد الصّريط مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة الّذي وافانا بوجهة نظره حول اهمّ التّطوّرات القائمة في ليبيا والمتعلّقة بازمة الكهرباء وتأثيرها على الوضع السّاري في البّلاد عموماً.

 

س \ هناك من يروج داخل ليبيا فكرة أنّ ازمة الكهرباء القائمة في البّلاد قد تكون ازمة مفتعلة لا فنّيّة كما يروّج البّعض، هل هذا الكلام قريب للواقع؟

ج \ بالطبع هذا الكلام غير منطقي وليس بالقريب ولا بالبعيد عن الواقع فالأزمة التي تمرّ بها ليبيا فيما يخص الكهرباء هي ازمة وهي ناتجة عن عدم تعاون المواطن مع الدّولة. بمعنى ادقّ فهناك عجز في الانتاج مقابل وجود قوّة استهلاك كبيرة فقوّة الاستهلاك الحالية تصل إلى ما بين 5500 إلى 6000 ميغاوات بما معناه أنّ الوضع الحاليّ يشابه ما حدث في شهر يناير من هذا العام عندما وصل عجز الإنتاج إلى ما يقارب ال1800 ميغاوات. وهذا يجعل الكثير من المحطات تخرج عن الخدمة بسبب كثرة الطلب على الكهرباء وهو ما لا يتوافق مع قدرة الانتاج ومن هنا دواعي اللجوء لطرح الاحمال.

لذلك فهذا الامر ليس له علاقة بالتوجّهات والمواقف السياسية أو غيرها بل هو امر فني بحت. 

س / كيف يمكن مواجهة هذا العجز في الوقت الرّاهن وبقصد التّخفيف عن عبء المواطن الذي يعاني قلّة السّيولة وانقطاع الكهرباء؟

ج \ يجب أن يتعاون المواطن بالدرجة الأولى وأن يستوعب المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد من خلال تكثيف الجهود، وبالفعل بإمكاننا أن نخرج من هذه الازمة من خلال تكثيف الجهود والتقليل ممّا أطلق عليه تسمية ” الاستهلاك العبثي”.

فمن ناحية نحن الآن بصدد صيانة بعض المحطات المتوقفة بطرابلس لتزويد المستهلك بالإنتاج سواء كان هذا المستهلك مواطن او صناعي أو زراعي. ولكن ما نطلبه هو الترشيد في الاستهلاك وإدراك المواطن للواقع ولحجم الازمة، فعلى سبيل المثال فقد قمت شخصيّاً بزيارة إحدى صالات البيع بإحدى الاسواق التجارية بطرابلس فوجدت هذه الصالة تحتوي على ما أكثر من 1600 مصباح علماً بأنّ هكذا أمر غير مقبول حيث أنّه في الكثير من الاحيان نحن نرى أنّ إضاءة المنازل والمحلّات والشركات تجري في وضح النهار حينما يخرج الموظّفون مع نهاية الدوام دون إقفال ما لا يحتاجونه من إضاءة ومواد كهربائيّة.

ايضا يتم ايجاد الحلول من خلال اعطاء فرصة لشركات الانشاء باستكمال مشاريعها داخل المدن والمناطق ودون التعرض لها من قبل الخارجين عن القانون، وعلى هذا الصّعيد فإنّ ملاحقة الاجهزة المعنية لهم سيكون سبب مهم في اجتياز الصعوبات. 

س / هناك من يقول أن مصر وتونس والمغرب اقلّ استهلاكاً للكهرباء من ليبيا بالرّغم من وجود قاعدة صناعية اوسع واهمّ في هذه البّلاد فما تفسيركم لذلك؟

ج \ نعم هذا صحيح، انا شخصياً إتّصلت بمدير شركة الكهرباء ” استاك ” بتونس السّيّد يونس الغرابي والذي قال لي انّه في بداية هذا الصيف وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئويّة مما جعل قدرة استهلاك تونس للكهرباء تصل لـحدّ ال4524 ميغاوات وهو رقم لم تعرفه تونس من قبل. برغم من أن عدد سكان تونس 9 ملايين نسمة فهم في متوسط استهلاكهم للكهرباء لا يتعدّون ال4200 ميغاوات، بينما في ليبيا الّتي وصل عدد سكانها إلى 5.847089 مليون نسمة حسب إحصائية عام 2012 فإن استهلاك الكهرباء فيها 7350 ميغاوات بينما قدرة الانتاج 5500 ميغاوات.

لذلك فإن استهلاك المواطنين الفّعلي في عدد من الدول يعادل في أغلب الاحوال 3 اضعاف ما يستهلكه المواطن في ليبيا، وهذا يرجع لأسباب عديدة لعل الانفلات الامني وتوقف الشبكة عن الصّيانة بسبب خروج الشركات الاجنبية من البّلاد له الدّور الاكبر في خلق هذا الوضع إلى جانب النّتائج الواردة عن تمادي المواطن في التّعاون مع الشركة. 

س / لماذا قبل عام 2011 كان إنتاج واستهلاك ليبيا لا يتعرّض لازمات مثل تلك الّتي تمرّ بها البّلاد الآن؟

ج \ في عام 2010 لم يتجاوز إنتاج ليبيا الكلّي من الكهرباء ال5100 ميغاوات بينما في عام 2003 لم يتعدّى إنتاج البلاد ال4200 ميغاوات، فعندما يساوي التوليد والانتاج حاجة الإستهلاك لا تكون هناك مشكلة ولكن عندما يحدث عجز في الإنتاج وتنامي الاستهلاك هنا تحدث المعضلة. هذا وقد زادت الاحمال في ليبيا وذلك تحديداً مع نهاية عام 2012 عندما إرتفعت ووصلت حاجة المواطنين إلى ال3000 ميغاوات وهو رقم فلكيّ بالمقارنة بعدد السكان وقدرة الانتاج إلى جانب عدم قيام المواطن بسداد فواتير الكهرباء، كما انّنا نعدّ الدولة الوحيدة في العالم التي لا يقوم مواطنوها بسداد فواتير الكهرباء فيها وهو جزء اخر من المعضلة. 

س / هل هناك خطّة اعدتها الشركة للخروج من هذه الازمة نهائيا أو على المدى البّعيد؟

ج \ هناك خطّتين في الواقع، الأولى تتعلّق بالشّركة وبعملها الفنّيّ امّا الثانية فتتعلّق بالدّولة وبأجهزتها الضبطيّة والرّقابية. وفيما يخص دور الشركة فنحن الآن نقوم بتطوير محطات عدّة في ليبيا منها محطّات الخمس والزّاوية وطبرق وزويتينه واوباري وسرت وكلّها كفيلة بأن تجعل القدرة الانتاجية ذات كفاءة عالية، فمحطّة خمس ستوفر ما يقارب ال550 ميغاوات بينما محطة اوباري ستوفر 230 ميغاوات ومحطّة سرت 640 ميغاوات، وبالتّالي سيكون لدينا 8770 ميغاوات وهو رقم ضخم سوف ينهي الازمة، بالإضافة إلى الفّائدة الّتي ستنتج عن إعادة تفعيل العقود الكبيرة مع الشركات الاجنبية وهي عقود أبرمت في عامي 2009 و2010 وهي خاصّة ببناء وتطوير محطات جديدة كبيرة جدا ستجعل من ليبيا دولة ذات قدرات إنتاجيّة كبيرة جدّاً في مجال الطّاقة.

La estrategia del régimen argelino de cara a las elecciones de 2019 (en francés)

Présidentielles 2019 en Algérie : la stratégie du flou

Par Lyès Menacer

La scène politico-médiatique algérienne a connu une fin de mois de juillet des plus chaudes, laissant entrevoir en 2019 une succession difficile pour l’actuel président Abdelaziz Bouteflika. Durant deux semaines, plusieurs informations ont fait état de mises en demeure de la part du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune envers plusieurs grandes entreprises, aux fins de faire redémarrer les chantiers qui leur avaient été confiés. L’une de ces entreprises est l’ETRHB (Entreprise des travaux routiers, hydrauliques et bâtiments), que dirige Ali Haddad, le patron du Forum des chefs d’entreprises (FCE), considéré comme l’un des principaux soutiens à M. Bouteflika.

Ali Haddad a aussi la réputation d’être un ami intime de Saïd Bouteflika, le frère-conseiller du président de la République. Les mises en demeures qui lui ont été adressées, par voie de presse, ont souvent été interprétées comme le début d’une disgrâce pour ce patron qui se trouve au cœur de beaucoup de controverses. Pourtant, rien de tout cela ne s’est avéré au final. La mise en scène à laquelle ont procédé Saïd Bouteflika, Ali Haddad et Abdelmadjid Sidi Saïd, Secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, en s’affichant au cimetière d’Al Allia, lors de l’enterrement le 30 juillet 2017 du défunt Réda Malek, figure de la Révolution algérienne et personnage politique clé à l’époque de l’Indépendance, est venue apporter un démenti à toutes les analyses encore en vogue quelques jours auparavant.

La fausse mise à l’écart d’Ali Haddad

Retour sur les évènements. Tout avait commencé le 16 juillet 2017, lorsqu’Ali Haddad avait dû quitter l’école supérieure de tourisme d’Ain Benian, à l’ouest d’Alger, au moment où l’on attendait l’arrivée de l’ex-Premier ministre M. Tebboune, accompagné du secrétaire général l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd. Ce départ précipité avait provoqué moult interrogations chez une opinion publique qui suit l’actualité sans pouvoir influencer le cours des évènements, cependant que la classe politique se mure généralement dans un profond silence qui en dit long sur son incapacité à peser sur le jeu des chaises musicales qui prévaut au sommet. Face aux projecteurs braqués par les médias et les réseaux sociaux, Ali Haddad avait été contraint de réagir en organisant une réunion officielle à l’hôtel al-Aurassi dès le 17 juillet 2017, en présence de huit organisations patronales ainsi que du patron de l’UGTA. La réunion avait ensuite été sanctionnée par un communiqué dénonçant le Premier ministre, dont le départ avait été demandé par le patron du FCE et de l’UGTA.

Dans les coulisses, M. Tebboune a affirmé à son entourage qu’il irait jusqu’au bout de sa guerre contre le gaspillage de l’argent public et contre les prédateurs qui se sont accaparés des milliards de dinars sans avoir honoré leurs engagements vis-à-vis des projets que l’Etat leur a confié. Le Premier ministre a affirmé publiquement mener cette guerre contre ceux que le Parti des Travailleurs (PT) de Louisa Hanoune appelle l’«Oligarchie», et sur ordre du président de la République. L’opinion publique avait accueilli cela comme une réaction salutaire, même si certaines voix ont émis des réserves quant à ses chances réelles de succès. Autrement dit, M. Tebboune avait bien fait comprendre qu’Ali Haddad et d’autres patrons proches du cercle présidentiel avaient été définitivement lâchés. Cela avait évidemment commencé avec le renvoi de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal ainsi que d’autres ministres controversés (l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb, et celui de la Santé, Abdelmalek Boudiaf). Certains commentateurs se sont même demandés s’il s’agissait vraiment de lâchage, ou juste d’une opération de marketing politique de la part de Tebboune, le temps d’un été, aux fins d’amuser la galerie et de détourner les regards des vrais problèmes que connait l’Algérie, notamment du fait de la forte baisse des revenus pétroliers.

Le facteur Saïd Bouteflika

Les Algériens les plus enthousiastes devant cette situation ont donc fini par déchanter lorsqu’ils ont appris que Tebboune organisait une réunion préparatoire pour la tripartite de septembre avec le FCE et l’UGTA, c’est-à-dire avec Ali Haddad et Sidi Saïd. Cette réunion est vue par certains comme la traduction de la marche-arrière pour laquelle a finalement opté M. Tebboune. Celui-ci aurait subi, selon certaines sources, des pressions pour arrêter sa guerre contre cette oligarchie. Hasard de l’histoire, cette réunion s’est déroulée le jour même de l’enterrement d’une grande figure de la révolution algérienne, Rédha Malek. C’était là l’occasion pour les deux hommes de s’afficher en compagnie du frère du président, venu représenter Abdelaziz Bouteflika à Al-Alia. Les trois se sont ainsi donnés en spectacle (chaleureuses accolades et rires qualifiés d’indécents dans une telle circonstance) devant les caméras des télévisions et les photographes de presse. Pis, le patron du FCE est reparti dans la voiture de la présidence sur invitation de «son » ami Saïd Bouteflika.

Pour les observateurs les plus avisés, ce remue-ménage estival serait en lien direct avec la guerre larvée menée dans les hautes sphères du pouvoir en vue de l’échéance présidentielle de 2019. D’après les informations qui ont fuité dans la presse algérienne, la décision du président Bouteflika de s’attaquer à l’oligarchie serait intervenue après la découverte d’un projet politique en préparation par son ancien Premier ministre et directeur de campagne, Abdelmalek Sellal, avec le soutien par ailleurs d’Ali Haddad et d’autres personnalités politiques et patrons d’entreprises qui ne se sont par ailleurs pas privés de bénéfices durant ses quatre mandats présidentiels. Mais les images en provenance du cimetière d’Al-Alia ont toutefois laissé pantois ces mêmes observateurs, qui se demandent aujourd’hui si Abdelmadjid Tebboune n’aurait pas menti en affirmant que c’est le président qui l’a chargé de faire ce qu’il a fait depuis son installation au poste de Premier ministre. Les rumeurs sur sa démission rejetée, à son retour de l’enterrement de Rédha Malek, laissent penser qu’il disait vrai. Mais d’aucuns pensent aussi que Saïd Bouteflika travaillerait contre son frère aîné. Ainsi, Tebboune roulait-il pour lui-même, voire pour un autre clan que celui de Bouteflika ? M. Tebboune est-il au service de Saïd Bouteflika, que les chancelleries étrangères voient comme présidentiable, en l’absence de contrepoids pour contester cela tant dans la société algérienne qu’au sein de la classe politique ? Finalement, son limogeage par le président de la République, 82 jours seulement après sa prise de fonctions, et son remplacement par le directeur de Cabinet Ahmed Ouyahia au poste de Premier ministre, ont mis fin à toutes ces spéculations.

Un retour à la case départ

L’éviction de M. Tebboune, qualifiée de victoire de la mafia contre l’Etat algérien et la lutte contre la corruption, nous renvoie au point de départ et accentue le climat de confusion qui règne au plus haut sommet de l’Etat. Certes, ces changements «surprises» de gouvernements, ponctués de couacs ces dernières années, ont laissé dire que le président n’était pas maître de la situation, poussant par ailleurs un groupe d’intellectuels et de figures de la révolution algérienne, ainsi que des responsables de partis, à demander carrément à le rencontrer. Certains sont même allés jusqu’à demander sa destitution, en application de la Constitution. Mais l’armée, qui demeure un élément central dans le jeu politique, même si elle continue de clamer sa neutralité, s’y oppose fermement et continue de lui apporter son soutien à travers son chef d’Etat-major Ahmed Gaïd Salah.

Le 4 septembre 2017, les présidents des deux Chambres (Parlement et Sénat), respectivement Saïd Bouhedja et Abdelkader Bensaleh, ont mis fin au débat sur l’éventuelle destitution du président, en affirmant qu’Abdelaziz Bouteflika allait bien et finirait son mandat présidentiel. Cela ne clôt toutefois pas le débat sur la prochaine présidentielle et sur la succession de l’actuel président qui, on le sent fort bien, a enclenché une guerre sans merci dans les coulisses. Des noms sont avancés par-ci par-là, mais sans qu’aucun d’entre eux ne puisse être confirmé. « Le système » aurait-il déjà choisi son candidat, préfèrant donc garder le suspense jusqu’à la dernière minute ? En tous cas, les lignes bougent, même si l’on ignore dans quelle direction exactement.

Sempiternelle stratégie du flou

En résumé, les évènements de ces dernières semaines ont plus entretenu la confusion qu’ils n’ont apporté de réponses aux questions posées sur la table. Ils ont rendu plus floue une situation politique qui n’offrait déjà aucune visibilité, aussi bien sur le plan interne qu’à l’international. Tout cela sert in fine les intérêts d’un régime qui ne dispose plus que de la politique du flou comme moyen de survie, après avoir épuisé les cartouches dont il disposait pour maintenir la paix sociale et calmer les appétits de «ses» partenaires régionaux et internationaux. C’était du temps encore de l’embellie financière de la première décennie des années 2000…

Comentario: Quién es el “Haftar del Oeste”? Por M. Sreit

La reunión de París, organizada el martes 25 de julio de 2017, entre el mariscal Jalifa Haftar y el primer ministro libio Fayez Sarraj ha sido recibida positivamente por una gran parte de los libios, especialmente en Trípoli. Aunque parezca temprano – y arriesgado – apostar por un éxito y hablar de paz, son muchos los libios que consideran que la reunión de París supone una iniciativa seria. También hay aquellos que ven en este encuentro la prueba de que el mariscal Jalifa Haftar ha aceptado la “hoja de ruta” que el primer ministro libio anunció hace una semana. De hecho, la propuesta del primer ministro Sarraj, incluye, entre otros puntos destacados, el asunto de las elecciones anticipadas así como la reconciliación nacional; temas que también han sido abordados por los dos líderes libios en París.

Al mismo tiempo, últimamente se han organizado en la capital libia varias reuniones dedicadas al tema de la seguridad. Estas reuniones, encabezadas – y supuestamente promovidas – por Najmi Nakou’, jefe de la Guardia presidencial en Trípoli, no tienen precedente en la historia reciente de Libia. Destacan por la voluntad de Nakou’ de unificar las milicias armadas de Trípoli y ponerlas bajo el control de un aparato militar central. Pero también cabe mencionar que, al organizar estas reuniones, Najmi Nakou’ ha excluido a los representantes de otras milicias importantes en el Oeste, como aquellas basadas en Misrata o en Zintan. La ciudad de Misrata está dividida desde hace tiempo entre quienes están a favor de un acercamiento entre Sarraj y Haftar y los que rechazan este escenario y recomiendan una oposición al líder del este de Libia. No obstante, si el posicionamiento de Misrata tiene importancia, es también porque se trata de milicias originarias de esta ciudad que se encargan de la seguridad del primer ministro Fayez Sarraj así como de varios ministros del Gobierno libio de unión nacional, entre ellos, los ministros de defensa y del interior.

Habrá que ver si las perspectivas que se califican como positivas de la reunión de París se confirman a largo plazo. Mientras tanto, también habrá que tener en cuenta la influencia de ciertos militares sobre la percepción que los libios tienen de la realidad del país. Najmi Nakou’ aparece hoy como una personalidad poderosa con recursos – incluso militares –, mientras que muchos libio siguen viendo a Fayez Sarraj como una persona débil. Además, Nakou’ tiene una ventaja importante: es una figura de consenso desde el punto de vista de los libios del oeste. Eso no implica necesariamente que Nakou’ llegará a tener un papel significativo a nivel político; dicho esto, Nakou’ ha adquirido una reputación de hombre poderoso en un tiempo bastante corto. Además, a día de hoy, hay quienes se preguntan si Nakou’ no podría acabar siendo, a largo plazo, el “Haftar del oeste libio”. Este escenario podemos descartarlo de momento; pero este tipo de rumores siempre hay que tomarlos en consideración, por si acaso.

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Security and Stability in Libya: The Way Forward (B. Mikail)

SECURITY AND STABILITY IN LIBYA: THE WAY FORWARD

Barah Mikaïl

 Compilation of the findings and recommendations discussed during a workshop on “Security and Stability in Libya” held in Tunis on 22 May 2017 by Konrad Adenauer Stiftung in cooperation with STRACTEGIA

The ongoing situation in Libya reflects well the depth and the complexity of the country’s multifold crises. At this stage, Libya’s key actors remain far from capable of reaching a durable political agreement, despite intensified regional and international initiatives meant to help and to support them. So far, the meeting between Prime Minister Fayez Sarraj and Field Marshal Khalifa Haftar in Abu Dhabi early May 2017, as promising as it sounded, has not been followed by strong initiatives. Prime Minister Sarraj’s grab on the country may be growing but ongoing tensions and fights in Libya also indicate that finding a solution to the Libyan conundrum remains difficult.

Besides security remaining a main concern in Libya, tribal dynamics, while not new, have also been growing worryingly. Dramatic evolutions in the oil crescent, where Benghazi’s Defense Brigades (BDB), the Libyan National Army (LNA), and their respective allies fought in spring 2017, also indicate how deep and how complex Libya’s problems are. The Tripoli-based Presidential Council, the eastern-based LNA, as well as many alleged poles of power (Bunyan Marsus, BDBs, armed militias, influential tribal leaders, etc.) have taken positions that question the prospects for achieving political national reconciliation.

Ongoing conflicts and their impact on security structures in Libya

Continuing unrest in Libya can be explained by a myriad of factors. Among others, the difficulties the Presidential Council encounters in imposing its will on all Libyan actors decisively limit its ability to guarantee security and stability. Similarly, problems prevail when it comes to identifying who is in charge of “the” army and who are the real military commanders responsible for the security and the stability of the country.

Furthermore tribal, ideological and/or political conflicts have serious consequences on stability, with the role and the influence of external actors – including but not limited to Egypt, the United Arab Emirates, Turkey and Qatar – as further factor interfering in the already complex Libyan environment, as highlighted recently with evolutions in Derna for example. Moreover, human trafficking and the smuggling of goods alter both the conditions for the development of Libya’s social and economic perspectives and the citizens’ day-to-day perspectives. Libyans are still faced with a deteriorating economic situation and a liquidity crisis that drastically limits access to cash. In the context of lacking accountability and control, free circulation of arms and weapons favours the proliferation of uncontrolled armed gangs and militias and the increasing role of mercenaries. On the political level, the ongoing fragmentation and all actors’ prioritization of consolidating their own power over achieving security are important spoilers for stability. This is also linked to the allocation of positions within the government based on cronyism rather than merit – a practice that only serves to further erode the trust of the population in the government’s ability and will to achieve positive development for the country.

With this multitude of challenges ahead, quick and efficient solutions do simply not exist. But there is a way of assessing and determining where priorities are. Acting efficiently in Libya requires a focus on key steps. On the level of security forces, this includes efforts to build a strong national army and to form militaries that will have the task of reintegrating militia members into a single national army under the control of a unique official government. Additionally, all groups and communities (including Tubus and Tuaregs) will have to be allowed to be part of national security institutions and to have their political representation guaranteed on the national level. Reforms of the security sector will have to be accompanied by better development plans and policies that would contribute to guaranteeing better perspectives for citizens and address the effects of the migrant crisis. None of these will however be possible without a prior reconciliation between Libyan warring parties (starting with representatives of “the east”, “the west” and “the south” of the country). It is in this context that the international community can contribute to an improved context for stability and development in Libya.

The tribal factor and its consequences for the security sector

While not new, the tribal factor remains an important issue in Libya, due to the fact that historical, political and social elements overlapped and contributed to shaping the Libyan society. Nuances in the influence of tribal structures do exist at the national level – for instance, the west is known for being less tribal than the east and the south –, but overall tribal dynamics remain both part of the Libyan contemporary problems and a possible contributor to solving them.

Tribes present a challenge and are oftentimes counterproductive to efforts of national stabilization when they act on their own, not recognizing any political and/or national authority. As an example, many tribes end up dealing with smugglers and their networks, hence maintaining – be it directly or indirectly – the existence of clandestine migration that presents a destabilizing factor for Libya. As another example, dynamics of retaliation and revenge between different tribes can increase the number of violent clashes and contribute to the emergence of further problems in already tense environments.

On the other hand, due to their political and social influence, tribes can also have an important role in solving Libya’s current crises. Tribes are important and influential actors in many parts of the country, and the authority they have on the people that belong to their “community” makes ‘asabiya (social cohesion) a potential driver for appeasement. Particularly in the context of the political vacuum that prevails in Libya, getting tribes to defuse their mutual tensions and put aside their rivalries can be of great help to overcome societal cleavages and contribute to a stabilization of Libya’s social landscape. The pivotal role of committees of reconciliation (where many important tribal figures intervene), and the way their mediations succeeded in limiting the effects of tribal and clan fights throughout the last two to three years are clear and strong indicators for this important role.

How to foster conditions for security and peace in Libya?

There are many ways security and peace could be fostered in Libya, depending on what priorities are set. Some of these deal with military prospects, others with political decisions. In any case, acting efficiently in Libya requires several cornerstones.

Firstly, the constitutional stalemate has to be overcome, which requires a review of the composition of the Presidential Council and the promotion of certain principles, such as limiting the number of vice-presidents to two. Additionally, the presidential mandate should be set for a limited period of time. Furthermore, the fostering of more transparency in all political processes is a necessary step, as well as the creation of a National Planning Committee that will help overcome Libya’s demographic contradictions, and developing initiatives that help citizens engage in reconciliation efforts. In order to achieve these cornerstones however, additional elements are required, such as putting an end to the interference by others countries whose strategies are causing tensions in Libya, and finding a solution to political and military divisions and the way they are impeding the emergence of a strong army.

The UN can make the difference and create conditions for stability and peace. The track record of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) may be seen critically in Libya by some people, such as those that consider that it has neglected numerous political parties and individuals that represented various ranges of the Libyan society (i.e. many of the parties that had been given official licenses with the end of the rule of Gaddafi). Others also criticize the UN for not having sufficiently worked towards facilitating new elections from which new figures could have better represented the population’s will. Nonetheless Libyans are almost unanimous in saying that UNSMIL is the only institution that can really guarantee a solution for Libya; they just consider that the UN should develop adapted and more adequate strategies that accurately target key problems and include all actors in negotiations. The many positive reactions that followed the announcement of the appointment of new UN special envoy to Libya Ghassan Salame come here as an opportunity for the intergovernmental organization to capitalize on the progress that has been achieved up to now and to act in a way that will allow Libyans to finally see the light at the end of the tunnel.

Solutions are possible in Libya. Some local initiatives have proved successful in contributing to stability and security in Libya. A recent example for this is the Mubadara 53 (Initiative 53), a plan that was launched in Tripoli and that reached a total of 53 Libyan towns and municipalities. The initiative, which encouraged municipal councils and important local actors to develop common initiatives meant to guarantee ceasefires and stability, proved successful. Some experts even consider the Mubadara 53 as a potential alternative to overcome the country’s political stalemate. But targeted and adequate international support is also seen as an important contribution to the sustained success of such initiatives.

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